LD (Agencias) El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró este viernes que el asentamiento de inmigrantes junto al trasvase Tajo-Segura en La Herrera (Albacete) "no es ilegal" y que están garantizadas "la salud y la seguridad en el entorno", aunque advirtió que vigilará sus contrataciones.
En una rueda de prensa para valorar el control de los flujos migratorios de África Occidental, Caldera se comprometió a hacer un "esfuerzo especial para el control de la legalidad de las contrataciones" de estas personas y a impulsar, "cuando no sea obligación de los empresarios, la concesión de un adecuado alojamiento" para este tipo de trabajadores temporales.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que según el delegado del Gobierno el asentamiento no es ilegal, están garantizadas la salud y la seguridad en el entorno, son ciudadanos comunitarios y por tanto tienen plena libertad de movimientos y de establecimiento, por lo que aconsejó "enjuiciar la situación adecuadamente".
Añadió que los trabajadores rumanos "están esperando a una campaña de recogida del ajo" y advirtió que "la administración va a velar de forma exquisita porque no haya ninguna ilegalidad en la contratación de estos trabajadores" y para que se "aplique a los mismos las leyes que protegen sus derechos".
"Vamos a hacer una vigilancia especial para que estas personas reciban un contrato legal", señaló Caldera, quien recordó que si fueran trabajadores sometidos al periodo de restricción de libertad de circulación como ciudadanos rumanos los empresarios deberían darles alojamiento.
Si no fuera esta su situación y fueran ciudadanos comunitarios, Caldera aseguró que "aunque no existe la obligación, sería conveniente que cuando a alguien se le contrata para trabajos de temporada se les facilitara el alojamiento".
En una rueda de prensa para valorar el control de los flujos migratorios de África Occidental, Caldera se comprometió a hacer un "esfuerzo especial para el control de la legalidad de las contrataciones" de estas personas y a impulsar, "cuando no sea obligación de los empresarios, la concesión de un adecuado alojamiento" para este tipo de trabajadores temporales.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que según el delegado del Gobierno el asentamiento no es ilegal, están garantizadas la salud y la seguridad en el entorno, son ciudadanos comunitarios y por tanto tienen plena libertad de movimientos y de establecimiento, por lo que aconsejó "enjuiciar la situación adecuadamente".
Añadió que los trabajadores rumanos "están esperando a una campaña de recogida del ajo" y advirtió que "la administración va a velar de forma exquisita porque no haya ninguna ilegalidad en la contratación de estos trabajadores" y para que se "aplique a los mismos las leyes que protegen sus derechos".
"Vamos a hacer una vigilancia especial para que estas personas reciban un contrato legal", señaló Caldera, quien recordó que si fueran trabajadores sometidos al periodo de restricción de libertad de circulación como ciudadanos rumanos los empresarios deberían darles alojamiento.
Si no fuera esta su situación y fueran ciudadanos comunitarios, Caldera aseguró que "aunque no existe la obligación, sería conveniente que cuando a alguien se le contrata para trabajos de temporada se les facilitara el alojamiento".
La Guardia Civil denuncia, a pesar del Gobierno
A pesar de las declaraciones del ministro, dando su visto bueno al campamento, la Guardia Civil ha denunciado a 362 de los inmigrantes. Según el subdelegado del Gobierno, José Herrero, ya han comenzado a abandonar la zona.
Herrero explicó que en los últimos cuatro días la Guardia Civil ha identificado a todos los inmigrantes que acampan junto al trasvase y tramitado denuncias por acampada ilegal, pero recordó que no se pueden tomar más medidas contra ellos porque son ciudadanos europeos y pueden estar en territorio español.
El subdelegado expuso que desde que recibió un escrito del alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, preocupado por la llegada de unos 2.000 inmigrantes a las inmediaciones del pueblo, "la Guardia Civil ha pasado cuatro días identificando a todos los inmigrantes".
Aunque muchos de los acampados han salido del lugar quedan todavía más de 500 personas y unas 60 tiendas de campañas, algunas agrupadas y otras diseminadas a lo largo de dos kilómetros de zona protegida del canal del trasvase.
Herrero precisó que estos trabajadores han realizado faenas de recogida de ajo, una campaña en la que se han recolectado entre cuatro y cinco millones de kilos de ajo, y esperan a que a finales de agosto comience la de la cebolla, de la que se espera obtener entre 24 y 30 millones de kilos.
De hecho, el subdelegado indicó que igual que los 400 vecinos de la localidad han expresado su preocupación por el asentamiento, los agricultores de la zona también le han comunicado su inquietud "por si estas personas se van a otros sitios", ya que los necesitan para las campañas.
José Herrero apuntó que "no es posible que estas personas hagan la recolección y al mismo tiempo no se les vea".
El subdelegado del Gobierno señaló que ha advertido a los empresarios agrícolas de que deben pagar salarios justos a los recolectores y no contratarlos sin permiso de trabajo, un documento que la Subdelegación expide "en cuanto el empresario lo solicita".
Asimismo, a los inmigrantes se les ha explicado que no deben encender fuego en la zona donde están acampados, y que deben respetar el trasvase "no cogiendo agua y no bañándose en el mismo".
El subdelegado recalcó que las personas asentadas en el trasvase "son trabajadores nómadas que van detrás de las campañas agrícolas del ajo, la cebolla y la uva" pero, al mismo tiempo, "son ciudadanos europeos y tiene derecho a residir en España".
Herrero explicó que en los últimos cuatro días la Guardia Civil ha identificado a todos los inmigrantes que acampan junto al trasvase y tramitado denuncias por acampada ilegal, pero recordó que no se pueden tomar más medidas contra ellos porque son ciudadanos europeos y pueden estar en territorio español.
El subdelegado expuso que desde que recibió un escrito del alcalde de La Herrera, Pablo Escobar, preocupado por la llegada de unos 2.000 inmigrantes a las inmediaciones del pueblo, "la Guardia Civil ha pasado cuatro días identificando a todos los inmigrantes".
Aunque muchos de los acampados han salido del lugar quedan todavía más de 500 personas y unas 60 tiendas de campañas, algunas agrupadas y otras diseminadas a lo largo de dos kilómetros de zona protegida del canal del trasvase.
Herrero precisó que estos trabajadores han realizado faenas de recogida de ajo, una campaña en la que se han recolectado entre cuatro y cinco millones de kilos de ajo, y esperan a que a finales de agosto comience la de la cebolla, de la que se espera obtener entre 24 y 30 millones de kilos.
De hecho, el subdelegado indicó que igual que los 400 vecinos de la localidad han expresado su preocupación por el asentamiento, los agricultores de la zona también le han comunicado su inquietud "por si estas personas se van a otros sitios", ya que los necesitan para las campañas.
José Herrero apuntó que "no es posible que estas personas hagan la recolección y al mismo tiempo no se les vea".
El subdelegado del Gobierno señaló que ha advertido a los empresarios agrícolas de que deben pagar salarios justos a los recolectores y no contratarlos sin permiso de trabajo, un documento que la Subdelegación expide "en cuanto el empresario lo solicita".
Asimismo, a los inmigrantes se les ha explicado que no deben encender fuego en la zona donde están acampados, y que deben respetar el trasvase "no cogiendo agua y no bañándose en el mismo".
El subdelegado recalcó que las personas asentadas en el trasvase "son trabajadores nómadas que van detrás de las campañas agrícolas del ajo, la cebolla y la uva" pero, al mismo tiempo, "son ciudadanos europeos y tiene derecho a residir en España".