LD (EFE)El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, ha ordenado la apertura de diligencias contra el abogado José Mariano Trillo Figueroa por las graves acusaciones que éste imputó a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, según informó hoy la oficina del ex presidente de la Junta de Extremadura.
En un comunicado remitido a Efe, la citada oficina da cuenta de esta decisión del Colegio de Abogados madrileño contra Trillo Figueroa, después de que este letrado acusase la semana pasada, en calidad de portavoz de "el Solitario", a la Guardia Civil de la muerte en 1996 de un pastor en Zafra (Badajoz), al que los agentes confundieron con el atracador, y a Rodríguez Ibarra, de encubrir este asesinato.
Martí Mingarro ha informado por escrito a Ibarra de la apertura de estas diligencias, a la vez que le traslada su "pesar y contrariedad" por la forma de actuar de José Mariano Trillo Figueroa y su "tristeza" por el hecho de que este letrado forme parte del Colegio Madrileño.
Finalmente, según la oficina del ex presidente extremeño, Luis Martí Mingarro señala en su escrito que "a los abogados se nos da la voz y la libertad más amplia para usarlas en defensa de los derechos de los ciudadanos, no para usarla torpemente causando daño sin verdad, sin justicia y sin justificación".
Rodríguez Ibarra considera que este posicionamiento del Colegio de Abogados de Madrid le da la razón en los argumentos que expuso en su rueda de prensa del pasado sábado, en la que el ex presidente de Extremadura criticó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, no actuase contra estas acusaciones vertidas contra él por Trillo Figueroa.
La postura de Martí Mingarro contrasta con la hecha pública ayer por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), después de que Ibarra criticase también a esta entidad el pasado sábado por permitir que "un personaje como Trillo Figueroa se pasee por los juzgados".
En un comunicado, el Consejo rechazó las declaraciones de Ibarra y lamentó que, "con absoluto desconocimiento de la legislación y de las normas de funcionamiento específico de la Abogacía, se realicen desconsideraciones y hasta imputaciones en demérito de instituciones" que cumplen un papel fundamental en el Estado de Derecho.
En un comunicado remitido a Efe, la citada oficina da cuenta de esta decisión del Colegio de Abogados madrileño contra Trillo Figueroa, después de que este letrado acusase la semana pasada, en calidad de portavoz de "el Solitario", a la Guardia Civil de la muerte en 1996 de un pastor en Zafra (Badajoz), al que los agentes confundieron con el atracador, y a Rodríguez Ibarra, de encubrir este asesinato.
Martí Mingarro ha informado por escrito a Ibarra de la apertura de estas diligencias, a la vez que le traslada su "pesar y contrariedad" por la forma de actuar de José Mariano Trillo Figueroa y su "tristeza" por el hecho de que este letrado forme parte del Colegio Madrileño.
Finalmente, según la oficina del ex presidente extremeño, Luis Martí Mingarro señala en su escrito que "a los abogados se nos da la voz y la libertad más amplia para usarlas en defensa de los derechos de los ciudadanos, no para usarla torpemente causando daño sin verdad, sin justicia y sin justificación".
Rodríguez Ibarra considera que este posicionamiento del Colegio de Abogados de Madrid le da la razón en los argumentos que expuso en su rueda de prensa del pasado sábado, en la que el ex presidente de Extremadura criticó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, no actuase contra estas acusaciones vertidas contra él por Trillo Figueroa.
La postura de Martí Mingarro contrasta con la hecha pública ayer por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), después de que Ibarra criticase también a esta entidad el pasado sábado por permitir que "un personaje como Trillo Figueroa se pasee por los juzgados".
En un comunicado, el Consejo rechazó las declaraciones de Ibarra y lamentó que, "con absoluto desconocimiento de la legislación y de las normas de funcionamiento específico de la Abogacía, se realicen desconsideraciones y hasta imputaciones en demérito de instituciones" que cumplen un papel fundamental en el Estado de Derecho.