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Noticia publicada el 23-08-2007
L D (EFE) En un auto al que tuvo acceso Efe, el magistrado insiste en que el sistema de contratación de la aeronave -a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte- es utilizado por muchos países y dice que "podrá ser discutido en mayor o menor medida (...), pero nunca valorado de arbitrario".
Añade que las causas concretas del accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), "no se circunscribían de forma principal, ni siquiera como coadyuvante, al estado o mantenimiento de la aeronave", lo que resulta determinante a la hora de valorar la responsabilidad y su posible imputación a algún funcionario español.
En este sentido, el juez afirma que, descartada la responsabilidad del Ministerio de Defensa, no cabe dirigir la investigación contra las empresas responsables del vuelo, ya que para que actuara la Audiencia Nacional sería exigible que al menos uno de los imputados fuera español, "sin que pueda establecerse o colegirse por tal motivo la pretendida jurisdicción universal".
Grande-Marlaska atribuye el siniestro "a circunstancias de preparación del personal en relación a aterrizar en aeropuertos de la orografía del de Trebisonda" y a la "falta de sinergia entre la tripulación ante eventos de riesgo y cansancio de la misma".
A pesar del archivo, el juez abrió la vía para que los familiares de los fallecidos reclamen una indemnización al Estado y sigue investigando en una causa separada las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos.
Añade que las causas concretas del accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), "no se circunscribían de forma principal, ni siquiera como coadyuvante, al estado o mantenimiento de la aeronave", lo que resulta determinante a la hora de valorar la responsabilidad y su posible imputación a algún funcionario español.
En este sentido, el juez afirma que, descartada la responsabilidad del Ministerio de Defensa, no cabe dirigir la investigación contra las empresas responsables del vuelo, ya que para que actuara la Audiencia Nacional sería exigible que al menos uno de los imputados fuera español, "sin que pueda establecerse o colegirse por tal motivo la pretendida jurisdicción universal".
Grande-Marlaska atribuye el siniestro "a circunstancias de preparación del personal en relación a aterrizar en aeropuertos de la orografía del de Trebisonda" y a la "falta de sinergia entre la tripulación ante eventos de riesgo y cansancio de la misma".
A pesar del archivo, el juez abrió la vía para que los familiares de los fallecidos reclamen una indemnización al Estado y sigue investigando en una causa separada las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos.
