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La Unión Democrática de Estudiantes exigirá controles de castellano en las galescolas

La Unión Democrática de Estudiantes ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, junto a otras asociaciones y plataformas gallegas, el Decreto 124/07 de galleguización de la Enseñanza, por la que crea galescolas donde el material didáctico será exclusivamente en gallego. Además exigirá en el Consejo Escolar del Estado que se controle el nivel de castellano de los alumnos de centros públicos donde la lengua local sea la única lengua vehicular.

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La Unión Democrática de Estudiantes ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, junto a otras asociaciones y plataformas gallegas, el Decreto 124/07 de galleguización de la Enseñanza, por la que crea galescolas donde el material didáctico será exclusivamente en gallego. Además exigirá en el Consejo Escolar del Estado que se controle el nivel de castellano de los alumnos de centros públicos donde la lengua local sea la única lengua vehicular.
(Libertad Digital) Para la UDE "los experimentos nacionalistas de imponer la lengua local sobre la lengua común perjudican esencialmente a quienes más necesitan a la escuela pública, no sólo porque reciben un nivel más bajo de castellano –aunque sea su lengua materna, esto no les garantiza un buen dominio del registro culto– sino porque implica situarles en inferioridad de condiciones, sobre todo cuando su lengua materna es el español".
 
En una nota de prensa señala que "la enseñanza pública debe ser un instrumento de formación cultural y de movilidad social, especialmente para las familias con menos recursos que no pueden permitirse complementar esa formación". Revela asimismo que "el nivel de los alumnos catalanes castellanohablantes en la Selectividad es inferior a la media catalana y al conjunto de la media española, lo que limita las oportunidades de estos alumnos a quienes se impidió estudiar en su lengua materna, que no ha dejado de ser oficial en toda España".
 
La UDE considera que "es un derecho individual de los padres elegir la/s lengua/s vehicular/es en que son escolarizados sus hijos, y que el deber de toda Administración es ofrecer la escolarización en las dos lenguas oficiales, además de tratarlas con igualdad jurídica". Cree injustificable que un proyecto político nacionalista implique favorecer a una lengua frente a otra o, sencillamente, jugar con el futuro de los niños gallegos, baleares, catalanes o valencianos, sin dar a sus padres la oportunidad de elegir.
 
Por eso, cree que "si hubiera controles sobre el nivel de castellano en los centros donde sólo se escolariza en la lengua local y sus resultados fueran públicos, se podría poner fin al delirio lingüístico nacionalista".
 
 

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