L D (EFE) El objetivo de este protocolo, que incluye todas las normas de actuación, es coordinar la gestión y ejecución de las repatriaciones de nacionales de terceros países, así como el traslado de detenidos, y garantizar la seguridad de todos los implicados (detenidos, repatriados, escoltas y personal de apoyo).
De acuerdo con este borrador, el jefe operativo de las repatriaciones es el responsable de valorar la posibilidad de utilizar elementos de contención (lazos de seguridad, cascos, prendas inmovilizadoras homologadas, esposas o similares). De esta forma, los repatriados que se resistan podrán ser inmovilizados con medios que "no pongan en peligro su dignidad e integridad física".
Eva Suárez Llanos, responsable del departamento de campañas e investigación de Amnistía Internacional (AI), lamentó que el nuevo protocolo no incluya recomendaciones del comisario europeo de derechos humanos, como la prohibición de usar cinta adhesiva durante los traslados o cualquier otro método susceptible de causar asfixia o sofocación, como mordazas, cascos o cojines.
"La inclusión de cascos y métodos de inmovilización, como pueden ser las camisas de fuerzas en este protocolo, podría contravenir las recomendaciones del comisario europeo de derechos humanos", advirtió la portavoz de AI.
Otros de los aspectos que también preocupan a AI, según Suárez Llanos, es que las disposiciones del protocolo son "ambiguas en aspectos esenciales" y no especifican detalles sobre las circunstancias concretas en las que los medios y técnicas de inmovilización pueden ser utilizados.
Añadió que el borrador tampoco atiende a la recomendación del comisario europeo para que las medidas de ejecución se realicen de forma "transparente", ya que el informe que se debe elaborar sería "interno, confidencial y de uso exclusivamente oficial".