L D (EFE) Noriega recurrió el fallo del juez William Turnoff una semana después de que el magistrado diera a conocer el dictamen, que técnicamente es una recomendación al Departamento de Estado de EEUU, al que corresponde ahora la decisión final.
El ex general, "hombre fuerte" de Panamá entre 1983 y 1989, se encuentra en una cárcel de Miami (Florida) cumpliendo condena por permitir el envío a EEUU de los embarques de cocaína del desaparecido cártel de Medellín (Colombia) en la década de los ochenta.
Antes de que Francia solicitara su extradición, las autoridades estadounidenses tenían previsto excarcelar a Noriega el próximo domingo, por cumplimiento de condena, pero ahora permanecerá bajo custodia. "No quedará libre y lo que sucederá es que el Gobierno (de EEUU) tratará de enviarlo a Francia", explicó May.
El juez Turnoff dictaminó la semana pasada que la documentación presentada por la fiscalía estadounidense, que representa al Gobierno francés en el caso, cumplía con los requisitos legales exigidos y en consecuencia aprobaba el proceso.
Uno de los argumentos del juez se centró en que la Convención de Ginebra no impide que un prisionero de guerra sea extraditado para ser juzgado por delitos graves cometidos en otro país. Y que también Noriega no rebatió que hubiera pruebas suficientes de la comisión del delito por el cual se le podía extraditar.
Francia ha pedido la extradición de Noriega tras haberlo juzgado en ausencia y declararlo culpable del lavado de unos 3,1 millones de dólares, delito por el que fue condenado a diez años de prisión.
En la documentación de extradición francesa se establece que el ex militar tendrá un nuevo juicio. Las operaciones financieras por las que Noriega fue juzgado en Francia datan de los años 1988 y 1989.
El equipo defensor del ex militar panameño sostiene que Noriega sería enviado a París porque el Gobierno de Panamá lo permite, aún cuando en su propio país está condenado de delitos más graves.
En Panamá, Noriega afronta varios cargos por corrupción y ya fue condenado a 15 y 20 años de cárcel por los asesinatos de Hugo Spadafora, político y médico panameño, y el mayor Moisés Giroldi, respectivamente.