(Libertad Digital) El escándalo político-financiero más importante que ha estallado en los últimos años en Francia se remonta a 2001. Ese año vio la luz un libro ("Revelation") en el que sus autores acusan de lavar dinero a gran escala a la sociedad luxemburguesa "Clearstream". Entre la lista se encontraban importantes personalidades de la política y del mundo empresarial francés. El dinero depositado estaba supuestamente relacionado con una venta en 1991 de seis fragatas a Taiwán, operación en la que habían pagado sobornos. En ese mismo año, el juez Renaud van Ruymbeke abre una investigación.
En 2004, el periódico Le Monde publica partes de la declaración judicial del general Philippe Rondot, responsable de los servicios secretos franceses. El jefe de los espías asegura que, siguiendo instrucciones del presidente Jacques Chirac, Domenique de Villepin –entonces ministros de Exteriores– le ordena investigar e involucrar al ministro de Interior (Sarkozy) en el listado de supuestas cuentas secretas en Luxemburgo destinadas al pago de sobornos. Varias fuentes afirman que en realidad, Villepin ordenó a Rondot investigar los "rumores" de corrupción vinculados a la venta de las fragatas. Ese encuentro, sus contenidos y las notas privadas de Rondot se convierten en elemento central del caso.
Días después, el juez Ruymbeke recibe dos cartas y un CD-Room que contenían supuestos documentos con los números de cuentas bancarias de "Clearstream". En ellos se mencionan transferencias millonarias en dólares a nombre de Sarkozy, Alain Gomez (presidente de "Thomson"), Philippe Delmas (vicepresidente de "Airbus"), jean Pierre Chevenement, Domique Strauss Khan y Alain Madelin.
Las primeras pesquisas realizadas en 2004 apuntaban ya a la falsedad de los listados. De hecho, el "Banca Popolare di Sondrio" –entidad donde supuestamente había una cuenta–, respondió oficialmente que no tenía registros de ninguna cuenta a nombre de Sarkozy. Inmediatamente después, los implicados empezaron a presentar demandas por calumnias.
El asunto toma un cariz político cuando el actual presidente Sarkozy acusó a Dominique de Villepin de ocultar a la justicia las conclusiones de una investigación del DST (servicio de contraespionaje) que le excluían del escándalo. En diciembre de 2005, el juez Ruymbeke demuestra que las acusaciones del informante anónimo están manipuladas. Las investigaciones conducen a registros para identificar al remitente de las cartas y del CD-Room en la sede de los servicios secretos, la oficina del presidente de "Airbus", en el Ministerio de Defensa, en las oficinas de ministro Michèle Marie y en la antigua oficina de general Rondot.
De acuerdo con los jueces, es posible que los listados fueran remitidos por personas diferentes y objetivos distintos: incidir en la batalla por lograr el cargo de copresidente de la empresa franco-alemana "EADS" (fabricante del Airbus-380) y acabar con la carrera política de Sarkozy que se aprestaba a tomar el liderato del UMP (Movimiento Popular) para ser nombrado candidato a la presidencia francesa.
A finales de mayo de 2006 es detenido el principal sospechoso del caso: Jean-Louis Gergorin, ex vicepresidente del grupo europeo "EADS". Ante los jueces reconoció que un informático allegado suyo fue el que confeccionó los listados falsificados. Aseguró, además, que fue el propio Villepin quien le empujó a entregar esos documentos al juez que investigaba las comisiones pagadas en la venta de las fragatas a Taiwán.