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Pumpido reconoce ahora que ETA se rearmó durante la negociación y no dejó de extorsionar

Lo que el Gobierno ha negado por activa y por pasiva, que ETA se rearmó y continuó extorsionando durante la negociación política con Zapatero, lo ha terminado reconociendo el Fiscal General del Estado. Según recoge la memoria de la fiscalía, ETA no dejó en ningún momento de enviar cartas de extorsión a empresarios o de robar y almacenar armas y explosivos, "una dinámica criminal absolutamente incompatible con el irrenunciable principio democrático de rechazo a la violencia". Además, destaca que el terrorismo callejero se duplicó en 2006.

Lo que el Gobierno ha negado por activa y por pasiva, que ETA se rearmó y continuó extorsionando durante la negociación política con Zapatero, lo ha terminado reconociendo el Fiscal General del Estado. Según recoge la memoria de la fiscalía, ETA no dejó en ningún momento de enviar cartas de extorsión a empresarios o de robar y almacenar armas y explosivos, "una dinámica criminal absolutamente incompatible con el irrenunciable principio democrático de rechazo a la violencia". Además, destaca que el terrorismo callejero se duplicó en 2006.
L D (Agencias) La Memoria, que fue hecha pública este lunes con motivo de la apertura del Año Judicial, afirma, tras destacar que en ningún momento la banda dejó de enviar cartas de extorsión a empresarios o de robar y almacenar armas y explosivos, que, "pese a la ausencia de atentados mortales hasta el 30 de diciembre y a la aparente voluntad de la organización terrorista de cesar en sus actividades delictivas", ETA mantuvo "una dinámica criminal absolutamente incompatible con el irrenunciable principio democrático de rechazo a la violencia". De esta forma, no permitió acreditar su voluntad de "liquidar de una vez y para siempre su trayectoria criminal de muerte, dolor y sufrimiento", según el Ministerio Público.
 
Además, también aporta otro dato muy revelador, y es que las acciones de terrorismo callejero se duplicaron en 2006 a pesar de la negociación política que mantenían el Ejecutivo Zapatero y la organización terrorista ETA. Según detalla, se contabilizaron un total de 145 atentados, entre los que se incluyen incendios, explosiones de artefactos de baja potencia  y lanzamientos de cócteles molotov. De estos, se llevaron a cabo 54 en Vizcaya, 43 en Guipúzcoa, 30 en Navarra y 18 en Álava. Estas acciones provocaron la detención de un total de 15 proetarras.
 
Del mismo modo, la banda cometió en 2006 un total de 18 atentados terroristas, 17 de ellos antes de la declaración del alto el fuego que no causaron víctimas mortales pero sí cuantiosos daños materiales y el último el 30 de diciembre en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en el que fallecieron dos ciudadanos ecuatorianos.
  
Según la Memoria, el número de detenidos por su vinculación con la banda terrorista ascendió en 2006 a un total de 46, 20 de ellos en España y otros 26 en Francia. La operación policial más importante se produjo en junio y finalizó con la detención de 11 personas, entre ellas miembros históricos de la banda como Ángel Iturbe Abasolo o Julen de Madariaga Aguirre.
  
Asimismo, Francia entregó a España a siete miembros de ETA, entre ellos Juan Antonio Olarra Guridi, Jon Bienzobas Arreche o Gregorio Vicario Setién. Otros 16 miembros de la organización, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', fueron extraditados, seis de ellos desde Méjico, nueve desde Francia y uno desde el Reino Unido.
  
El Ministerio Público formuló 102 escritos de acusación respecto de 227 individuos, casi el triple de los 37 contra 118 personas que se registraron en 1999, año de la anterior tregua, y un 161% más que en 2005. Durante el conjunto del año, se celebraron 89 juicios orales contra 200 personas relacionadas directa o indirectamente con la banda, 55 de ellos con motivo del macroproceso contra Ekin.
  
Estos procedimientos finalizaron con 79 sentencias (29 más que en el año anterior) contra 145 individuos, de los que 115 resultaron condenados y 30 fueron absueltos. Entre ellas destacan las 20 condenas que recayeron en Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; las ocho de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'; o las cinco impuestas a Asier Arzallus Goñi.
  
En función de estos datos, la Fiscalía aprovecha su memoria para lamentar "las acusaciones infundadas de cesión, pasividad y/o inactividad" de las que, a su juicio, fue objeto durante el año pasado. A su entender, esta situación generó "un clima de crispación social y de desconfianza en el normal funcionamiento de las instituciones que pueden dañar la unidad y el diálogo entre partidos y grupos sociales democráticos como principios rectores de la política antiterrorista".

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