L D (Agencias) El magistrado, que pidió este viernes por la noche información a la Ertzaintza sobre las características de la convocatoria, dictó este sábado un auto en el que señala que, además, la marcha está convocada por un ex concejal de Batasuna, en referencia a Iñaki Elduayen, y que se celebraría en "un contexto de coacciones, amenazas y enaltecimiento del terrorismo".
En el auto, pide a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y a la Ertzaintza que adopte las medidas necesarias para impedir la manifestación y para prevenir la comisión de hechos delictivos. Además, el juez les solicita que, en el caso de que se produjera algún tipo de incidente, lo comuniquen a su Juzgado.
En la resolución, el magistrado recuerda la trayectoria política del Consistorio, del que Otaola, del PP, fue nombrada alcaldesa después de que en las pasadas elecciones municipales sólo concurriera su candidatura al ser anulada la presentada por ANV.
El juez recuerda que a partir de ese momento se han producido diversos hechos dirigidos a menoscabar la legitimidad de la alcaldesa. Grande Marlaska enmarca el objetivo de la convocatoria en "una actuación penal relevante y nunca amparada en meras discrepancias políticas", que, a su juicio, podría constituir delitos de coacciones, amenazas terroristas o enaltecimiento del terrorismo.
El juez recuerda que a partir de ese momento se han producido diversos hechos dirigidos a menoscabar la legitimidad de la alcaldesa. Grande Marlaska enmarca el objetivo de la convocatoria en "una actuación penal relevante y nunca amparada en meras discrepancias políticas", que, a su juicio, podría constituir delitos de coacciones, amenazas terroristas o enaltecimiento del terrorismo.
Denuncia de Dignidad y Justicia
Grande Marlaska solicitó a última hora del viernes al Departamento Vasco de Interior que le remitiera toda la información existente sobre la manifestación, convocada a partir de las 19.30 horas bajo el lema "Otaola fuera, represión no", con el objetivo de evaluar la posibilidad de prohibirla.
La petición de información de Grande Marlaska fue adoptada a raíz de una solicitud formulada el viernes por la asociación Dignidad y Justicia al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que trasladó el asunto a la Fiscalía para que informara a este magistrado, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional.
El colectivo de víctimas del terrorismo solicitó la prohibición de la manifestación alegando que el permiso para su celebración fue tramitado por Iñaki Elduayen, ex concejal de Herri Batasuna en Tolosa (Guipúzcoa) y candidato en los comicios de 2007 de la plataforma Tolosako Abertzale Sozialistak, anulada por el Tribunal Supremo.
Dignidad y Justicia, que acompañó su petición con varios recortes periodísticos publicados en los últimos días, solicitó la prohibición del acto al entender que la convocatoria constituye "un acto de la ilegalizada formación Herri Batasuna-Euskal Herritarrok".
"Satisfacción" en el PP
La Ertzaintza ha anunciado en un comunicado que ya ha recibido el oficio transmitido por Grande Marlaska al Departamento vasco de Interior con la orden de impedir el desarrollo de la marcha. En declaraciones a Europa Press, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, aseguró que "confía plenamente" en que la policía autonómica "lleve a efecto la resolución judicial". Además, indicó que está convencido "sin ninguna duda" de que la Ertzaintza "cumplirá con su obligación" de no permitir la manifestación.
Barrio explicó que "hay que poner todos los medios para neutralizar la acción de quienes quieran vulnerar la ley y no obedecen las decisiones judiciales". Para el dirigente popular, la decisión de Grande Marlaska supone una "satisfacción" porque defiende la institución del Ayuntamiento de Lizarza que "está al frente de la defensa de los valores constitucionales, democráticos y de la ley" frente a "los órdagos, amenazas e intimidaciones del mundo que rodea a ETA-Batasuna".
Mientras, el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, aseguró, desde el "respeto absoluto" a la decisión del juez, que "corresponde ejecutar" el auto del magistrado. En declaraciones a Europa Press, Pastor explicó que "si el juez ha estimado que no se debe autorizar" la marcha contra la alcaldesa del PP, Regina Otaola, "no hay que decir nada más sobre el asunto y corresponde ejecutar la orden judicial".
Además, desde el PSE se consideró "absolutamente inaceptable" la convocatoria,que hubiera supuesto "un puro acto de intimidación que va directamente dirigido al corazón del sistema de libertades".