LD (EFE) Estas dos matanzas ocurrieron cuando surgió el Grupo Colina, un comando militar encubierto supuestamente creado por su hombre de confianza, Vladimiro Montesinos.
El 3 de noviembre de 1991 quince personas fueron asesinadas en el barrio limeño de Barrios Altos "por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad", según detalla el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Aquella fue la primera acción atribuida al "escuadrón de la muerte", en tiempos en que las acciones de Sendero Luminoso convirtieron a Lima en blanco de sus ataques.
Ese suceso, más allá de dejar un sello de crueldad, reveló el estilo de los Colina, que, encapuchados y pertrechados con ametralladoras, irrumpieron en una fiesta benéfica en busca de senderistas. Pero se confundieron porque los subversivos se encontraban en otro festejo que acogía el vecindario, según publicó el semanario "Caretas" el 12 de octubre de 2000. Testigos presenciales narraron cómo los agresores los obligaron a tenderse boca abajo antes de dispararles a quemarropa, incluido a un niño de ocho años que recibió el impacto de doce proyectiles. Según reveló la CVR, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos de bala.
El fiscal titular para Terrorismo, Pablo Livia, llevó el caso sólo 16 días, periodo en que recibió amenazas de muerte y fue víctima de dos atentados, según "Caretas". La investigación se inició en 1995 cuando la fiscalía acusó al entonces jefe del Servicio de Inteligencia, el general Julio Salazar Monroe, y al supuesto responsable de Colina, Santiago Martín Rivas, entre otros.
Ocho meses después de los sucesos de Barrios Altos, en la madrugada del 18 de julio de 1992, Colina dio otro golpe mortal: secuestró a nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, al este de Lima, a los que después aniquiló. Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar convencido de que cobijaba terroristas.
Según la CVR, el comando encubierto irrumpió en la residencia universitaria y, en presencia de un centenar de testigos, secuestró a las víctimas sin que ninguna autoridad diera razón de su paradero e incluso negaran la incursión nocturna en la universidad. Volvió a ser la prensa, en este caso el semanario "Sí", quien dio cuenta de que la matanza había sido perpetrada por miembros del Servicio de Inteligencia. En abril de 1993, el Congreso abrió una investigación y un mes después el general Rodolfo Robles Espinoza reconoció que Montesinos y altos mandos del Ejército mantenían un comando operativo responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Robles Espinoza terminó enjuiciado por ultraje a la nación, justo cuando se hallaron los restos calcinados y seccionados de las víctimas en una quebrada cercana a Lima, también tras una denuncia periodística. Ante la presión de la opinión pública, se dispuso por ley un proceso judicial en el fuero castrense contra varios militares, que fueron condenados al sostener que habían actuado por cuenta propia. En 1995 una ley de amnistía los devolvió la libertad y hubo que esperar hasta 2001 para que la Fiscalía vinculara a Fujimori a estos casos, quien un año antes se había fugado a Japón.
En 2005 se inició un nuevo proceso por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero ahora contra los verdaderos jefes de Colina y el propio Montesinos, todos presos en la actualidad y sin haber sido aún sentenciados. A ello contribuyó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2001, de reabrir las investigaciones y del pago de una indemnización por parte del Estado a los familiares de las víctimas. Algunos de los procesados testificaron que Fujimori siempre conoció las atrocidades cometidas por el temido grupo Colina.
Ese suceso, más allá de dejar un sello de crueldad, reveló el estilo de los Colina, que, encapuchados y pertrechados con ametralladoras, irrumpieron en una fiesta benéfica en busca de senderistas. Pero se confundieron porque los subversivos se encontraban en otro festejo que acogía el vecindario, según publicó el semanario "Caretas" el 12 de octubre de 2000. Testigos presenciales narraron cómo los agresores los obligaron a tenderse boca abajo antes de dispararles a quemarropa, incluido a un niño de ocho años que recibió el impacto de doce proyectiles. Según reveló la CVR, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos de bala.
El fiscal titular para Terrorismo, Pablo Livia, llevó el caso sólo 16 días, periodo en que recibió amenazas de muerte y fue víctima de dos atentados, según "Caretas". La investigación se inició en 1995 cuando la fiscalía acusó al entonces jefe del Servicio de Inteligencia, el general Julio Salazar Monroe, y al supuesto responsable de Colina, Santiago Martín Rivas, entre otros.
Ocho meses después de los sucesos de Barrios Altos, en la madrugada del 18 de julio de 1992, Colina dio otro golpe mortal: secuestró a nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad de La Cantuta, al este de Lima, a los que después aniquiló. Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar convencido de que cobijaba terroristas.
Según la CVR, el comando encubierto irrumpió en la residencia universitaria y, en presencia de un centenar de testigos, secuestró a las víctimas sin que ninguna autoridad diera razón de su paradero e incluso negaran la incursión nocturna en la universidad. Volvió a ser la prensa, en este caso el semanario "Sí", quien dio cuenta de que la matanza había sido perpetrada por miembros del Servicio de Inteligencia. En abril de 1993, el Congreso abrió una investigación y un mes después el general Rodolfo Robles Espinoza reconoció que Montesinos y altos mandos del Ejército mantenían un comando operativo responsable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Robles Espinoza terminó enjuiciado por ultraje a la nación, justo cuando se hallaron los restos calcinados y seccionados de las víctimas en una quebrada cercana a Lima, también tras una denuncia periodística. Ante la presión de la opinión pública, se dispuso por ley un proceso judicial en el fuero castrense contra varios militares, que fueron condenados al sostener que habían actuado por cuenta propia. En 1995 una ley de amnistía los devolvió la libertad y hubo que esperar hasta 2001 para que la Fiscalía vinculara a Fujimori a estos casos, quien un año antes se había fugado a Japón.
En 2005 se inició un nuevo proceso por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero ahora contra los verdaderos jefes de Colina y el propio Montesinos, todos presos en la actualidad y sin haber sido aún sentenciados. A ello contribuyó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2001, de reabrir las investigaciones y del pago de una indemnización por parte del Estado a los familiares de las víctimas. Algunos de los procesados testificaron que Fujimori siempre conoció las atrocidades cometidas por el temido grupo Colina.