(Libertad Digital) El primer punto del documento firmado en julio de 2005 y ratificado en noviembre, según cuenta el diario proetarra, está referido a la declaración del presidente el 29 de junio de 2006 tras el alto el fuego de ETA: "El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción". Palabras que fueron asumidas en el discurso de Zapatero después de la supuesta verificación del falso alto el fuego.
En el Preámbulo, queda recogido el punto de partida de la negociación y se consuma la asunción, por parte del Gobierno, de una de las viejas reivindicaciones de la banda terrorista: "Estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria".
En las Aclaraciones del tercer punto, se establece que se constata "la existencia de dos comunidades autónomas", el País Vasco y Navarra. Pero unas líneas más abajo, se estipula que "las normas y procedimientos legales son los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio".
En el mismo punto, quedan fijados los asuntos sobre los que versaría el "proceso de diálogo": concerniría "a las cuestiones de desmilitarización, presos, exiliados, víctimas y otras". Concluye afirmando que "si el proceso se desarrolla en los términos previstos, ETA mostraría su firme voluntad de avanzar hacia el cese definitivo de la lucha armada". El calificativo de "permanente" que se daría al "alto el fuego" de ETA también queda recogido en el punto siguiente del documento que, recordemos, fue terminado en noviembre de 2005, tres meses antes del comunicado.
Los compromisos del Gobierno con ETA están reflejados en el documento. El Ejecutivo, a través de sus representantes, se comprometió a "lograr un Pacto de Estado" que permitiera desarrollar la declaración del Presidente del Gobierno. Lo más relevante, sin embargo, son las promesas del Ejecutivo en cuanto a la actuación de las Fuerzas de Seguridad: procurarían una "disminución palpable de la presencia policial" y la "desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale".
Además, se comprometió a garantizar que "las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política en igualdad de condiciones" al resto de partidos y "sin limitaciones de derechos civiles y políticos". Supondría, pues, la derogación de facto de la Ley de Partidos. Por último, el Gobierno adquirió el compromiso de "no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional española, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas". Añadían un plazo de 7 a 10 días para que el gobierno pudiera "implementar esta garantía".
A cambio, ETA prometió "no realizar acciones contra personas" o bienes ni "realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos y/o material para su fabricación". La ambigüedad del enunciado deja fuera el terrorismo callejero y la extorsión. La banda, por otro lado, incumplió ambas premisas con el atentado de Barajas o el robo de pistolas en Francia.
Una mención especial merece el punto seis, titulado Accidentes: "Las vulneraciones puntuales de garantías o "accidentes" se discutirán en la mesa. Las partes tratarán de evitarlos. En caso de que ocurran, estos se resolverán en la mesa con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones". "Accidente" es la palabra que utilizó de forma reiterada el presidente del Gobierno para referirse a la bomba de la T-4, que acabó con la vida de dos personas. La negociación, en efecto, continuó después del atentado.