L D (Europa Press) El consejero de Justicia mostró su "honda preocupación y su inquietud" por lo escuchado al Fiscal General del Estado, porque "es de una gran hipocresía política considerar normal que se persiga ahora a dirigentes de la izquierda abertzale cuando en mayo representantes del Gobierno del PSOE se reunieron con ellos para hablar del futuro político del país". "El Gobierno español debe explicar esta contradicción y no ampararse en una legalidad que ellos mismos han burlado", consideró, antes de criticar la "oportunidad política de esta decisión", que, en su opinión, es "totalmente evidente", así como que "una vez más la Audiencia Nacional se pone al servicio de intereses ajenos a la independencia que se le debe suponer a todo órgano judicial".
Azkarraga recordó que el juez Baltasar Garzón comenzó el sumario antes de la aprobación de la Ley de Partidos, y añadió que el magistrado "ha transformado en delictiva una actividad política". "Desde el Gobierno vasco nos preguntamos hasta cuándo piensa prolongar sus supuestas investigaciones sin cerrar esta causa", dijo, antes de asegurar que "todos los ciudadanos tienen derecho a una justicia sin dilaciones indebidas". Para el consejero, "el problema de raíz es la aplicación del ordenamiento jurídico penal por parte de algunos jueces" y "la permisividad garantista de los controles judiciales", que "han llevado a esta situación en la que 'todo es ETA', como único título jurídico, y que sirve,según la coyuntura política, para detener de forma masiva".
El representante del Gobierno vasco señaló también que "resulta muy sospechoso que las actuaciones judiciales coincidan con momentos tan trascendentes para la vida política de este país", y advirtió de que "tensionar en estos tiempos la situación social en Euskadi es algo que conviene a quienes rehuyen el debate a fondo sobre el conflicto político". Asimismo, manifestó que el hecho de que "una reunión política sea planteada como un delito es algo que no ocurre en ninguna democracia asentada que se precie de serlo", y apuntó que "la legislación especial ha arrumbado principios democráticos básicos, porque no se puede penar una ideología".
Por último, anunció que "ningún conflicto se canalizará por la vía penal, al menos los conflictos de naturaleza política", antes de considerar que "actuaciones como ésta dan más valor a las vías políticas como solución a los conflictos". "Es hora de la política con mayúsculas, y no se puede seguir judicializando la vida política y amenazando con actuaciones judiciales o policiales a las propuestas políticas", señaló, para concluir recordando que, tal y como manifestó el pasado viernes el lehendakari, Juan José Ibarretxe, "es la hora del diálogo entre todos", y que "es la posición que este Gobierno seguirá defendiendo en el futuro".