(LD-R.Colomer) El Tribunal Supremo ha vuelto a plantar cara al presidente Musharraf. Cuando falta un día para la cita en las urnas, la máxima institución judicial decretó la congelación de los resultados electorales hasta que no se resuelvan las causas pendientes contra el jefe del Gobierno y jefe del Ejército, Pervez Musharraf. Es precisamente esta dualidad del general lo que puede frustrar sus expectativas de poder.
Así pues, la medida judicial viene a ensombrecer el eventual triunfo del presidente Musharraf y da nuevas esperanzas a la oposición. Lo malo es que habrá que esperar un mínimo de once días para despejar la incógnita presidencial. En esta línea, el magistrado que preside la causa, Javed Iqbal, añadió que las audiencias sobre las peticiones presentadas por los adversarios de Musharraf se reanudarán el 17 de octubre, una vez finalizado el Ramadán.
En estos últimos meses e incluso días, el presidente Musharraf ha realizado los movimientos necesarios para asegurarse su reeleción. La amnistía a la ex primera ministra Benazir Bhutto el día 2 de octubre dejaba a punto de caramelo un acuerdo post electoral que se perfiló dos días después. El general, también, intentó rebajar las críticas de la oposición interna por la concentración de poder, ofreciendo el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas al responsable de los Servicios de Inteligencia de Pakistán, el general Ashfaq Kayani, el mismo día en el que retiró los cargos contra la ex primera ministra. Luego, sin embargo, se retiró.
En ningún momento ha estado asegurada la continuidad de Musharraf, pero hasta este viernes se creía que el presidente Musharraf conseguiría superar los obstáculos internos -oposición parlamentaria y los islamistas- con un pacto con la en ocasiones escéptica Bhutto. El Tribunal de Justicia, sin embargo, ha neutralizado, por el momento, sus aspiraciones.
La Justicia desde el pasado mes de marzo se ha convertido en uno de los principales adversarios del presidente pakistaní. La suspensión decretada por Musharraf del presidente del máximo tribunal Iftikhar Chaudhry, que se había perfilado como una de las cabezas visibles de la oposición al régimen, desató brutales enfrentamientos entre los defensores del magistrado y las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos.
Éste, sin embargo, no ha sido el único escollo al que se ha enfrentado el presidente Musharraf. Casi un mes más tarde de la inhabilitación del magistrado y las revuletas públicas, empezó lo que se bautizó como la “crisis de la Mezquita Roja”. Los clérigos radicales del templo ubicado en Islamabad iniciaron una ofensiva el 7 de abril para “islamizar” el estilo de vida en Pakistán.
Órdago que se saldó entre 100 víctimas mortales si atendemos a las cifras oficiales y 300 si lo hacemos a las del servicio secreto. El Ejército asaltó el templo después de que el Gobierno lanzase un ultimátum en vano a los fundamentalistas para que se retirasen y liberasen de las dependencias del templo a los estudiantes retenidos.
Musharraf accedió al poder en 1999 tras dar un golpe contra el entonces jefe del Gobierno Nawaz Sharif. En 2001 se proclamó presidente, cargo que sumó al de jefe de las Fuerzas Armadas. Desde esta fecha, el general ha presidido un régimen anómalo, marcado por la concentración del poder civil y el militar en su figura.
En este periodo, el presidente Musharraf ha manejado una peligrosa ambigüedad; por una parte, se ha presentado como aliado de Estados Unidos en la Guerra del Terror; pero por otro, ha dejado acampar a sus anchas a los islamistas radicales hasta el punto de que están amenazando su supervivencia.
Paradójicamente, el temor hacia una islamización de Pakistán favorece la continuidad del presidente Musharraf entre los que prefieren el mantenimiento del debiltiado status quo a una subida al poder de los fundamentalistas. Es decir, el menos malo.
