LD (Agencias) El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, se ha mostrado convencido de que en el "Pacto Nacional por la Vivienda" -suscrito por los tres partidos que integran el gobierno catalán (PSC, ERC e ICV), Ciutadans y más de treinta agentes del sector- "cabe todo el mundo".
Por parte de ERC, Joan Ridao sostiene que "no hay ninguna excusa" para quedarse al margen de un pacto que calificó de "excelente" y criticó que CiU y PP hayan preferido "hacer política" antes que formar parte de un acuerdo logrado con constructores, sindicatos, entidades financieras y sociales. "No entendemos que ninguna fuerza política pueda quedar al margen", agregó.
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, afirmó que entró en el mundo de la política "para hacer pactos como éste" y consideró que su partido hace "oposición constructiva" porque, si bien está en desacuerdo con el alquiler forzoso de pisos vacíos, al igual que CiU y PP, hay que diferenciar entre el pacto y la ley. "Una cosa es el pacto, construir viviendas, y otra el trámite parlamentario".
"Expropiaciones obligatorias"
El presidente de la Federación Catalana de Promotores y Constructores de Edificios, Enric Reyna, también hizo una valoración "positiva" del pacto. En cambio, sobre el alquiler forzoso de pisos vacíos dijo que "no es lógico que se hagan expropiaciones obligatorias", incluso dijo podría que ser "inconstitucional", pero remarcó que "no hay tantos pisos en Barcelona en esta situación".
El alquiler forzoso del usufructo de aquellas viviendas desocupadas durante dos años es el principal escollo entre el Govern y la oposición en la nueva ley de Derecho a la Vivienda que se está tramitando en el Parlament. Según afirma el diario La Vanguardia, el alquiler forzoso sería la última medida tras agotar el resto de vías encaminadas a convencer al propietario de la conveniencia de alquilar su vivienda. En principio, no podrá ser superior a seis años, tras los cuales éste podrá recuperar el uso de su propiedad.
Según la Generalidad, el pacto supondrá la ejecución de unas 800.000 actuaciones durante los próximos diez años y contará con una inversión pública de 8.221 millones de euros. Además, afirman que permitirá la movilización de suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial, el inicio de obras o construcción de 160.000 viviendas más con algún tipo de protección oficial, especialmente para los jóvenes que se han de emancipar, y movilizar y poner en el mercado 62.000 viviendas del parque desocupado.