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El Tribunal Constitucional decide sobre la continuidad de Casas

Los magistrados del Tribunal Constitucional mantienen esta semana –previsiblemente, el martes– un nuevo pulso en la pugna por el control del pleno de este órgano. Es una batalla trascendental para la estabilidad de las reformas radicales emprendidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la oposición de la mitad del Parlamento, entre ellas, el Estatuto catalán, pendiente de varios recursos ante el TC. En este contexto, no pasó inadvertida la ostensible bronca de María Teresa Fernández de La Vega a María Emilia Casas durante el Desfile de la Hispanidad celebrado el pasado 12 de octubre, sin que haya trascendido el contenido de esa tensa conversación

Los magistrados del Tribunal Constitucional mantienen esta semana –previsiblemente, el martes– un nuevo pulso en la pugna por el control del pleno de este órgano. Es una batalla trascendental para la estabilidad de las reformas radicales emprendidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la oposición de la mitad del Parlamento, entre ellas, el Estatuto catalán, pendiente de varios recursos ante el TC. En este contexto, no pasó inadvertida la ostensible bronca de María Teresa Fernández de La Vega a María Emilia Casas durante el Desfile de la Hispanidad celebrado el pasado 12 de octubre, sin que haya trascendido el contenido de esa tensa conversación
LD (Agencias) La importancia del nombramiento de la nueva presidencia del alto tribunal cumpliendo el artículo 160 de la Constitución que estipula un mandato de tres años, lo que obligaba a Maria Emilia Casas a abandonar el cargo en julio, bascula en las decisiones que el Constitucional debe tomar en relación a las normas más significativas del Gobierno del PSOE: la del Estatuto de Cataluña, sobre todas ellas, pero sin olvidar otras de sesgo populista como la de la igualdad; la del matrimonio homosexual o el Plan Hidrológico Nacional. Recurridas todas ellas por el PP.
 
Con seis progresistas cercanos al Gobierno del PSOE (María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) frente a seis independientes (Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas), el voto de calidad de la cuestionada presidenta Casas sería decisivo para inclinar la balanza a favor de los primeros.
 
Todo comenzó en febrero, cuando por iniciativa de los independentistas se aprobó en el pleno del Tribunal, por seis votos a favor y cinco en contra, la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps en el recurso contra el Estatut de Cataluña, planteado por el PP. La razón no fue otra que Pérez Tremps había incurrido en incompatibilidad en la función jurídica al haber asesorado legislativamente a la Generalitat de Cataluña en la elaboración del texto catalán.
 
Los progubernamentales –que habían accedido a tramitar la recusación confiando en que no prosperaría, mientras rechazaban de plano la planteada por el Gobierno catalán contra el conservador Roberto García-Calvo– se vieron sorprendidos por la decisión, que les dejaba en minoría en este asunto.
 
El siguiente movimiento, esta vez para evitar un cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional, se produjo en el Congreso de los Diputados el pasado marzo. Ese mes se aprobó una enmienda de IU a la Ley Orgánica del tribunal (LOTC) por la que si el mandato de tres años del presidente y el vicepresidente no coincide con la renovación de este órgano, "tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".
 
La enmienda, aprobada con la única oposición del PP –que vio en ella la mano del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo–, desactivó la posibilidad de que el sector conservador sometiera a votación la continuidad de Casas en el cargo, rompiendo la tradición no escrita de prorrogarlo hasta el final de su mandato como magistrada.
 
Se garantizaba así que seguiría siendo presidenta del TC, y por tanto disfrutando del voto de calidad, después del 30 de junio –cuando concluía su mandato– y al menos hasta el próximo mes de diciembre, fecha en la que ella y otros tres magistrados deben abandonar el tribunal y ser sustituidos por otros designados por el Senado.
 
En la práctica, la prórroga podría ser mucho más larga –ya que el Senado debe adaptar antes su Reglamento a la LOTC, para lo que es imprescindible el voto del PP, que se opone a la reforma– y, por tanto, daría tiempo a que durante ese periodo se resolvieran varios de los recursos más importantes.
 
Lo que ocurre es que esta normativa contradice el artículo 160 de la Constitución en el que se estipula que el mandato de la presidencia del alto tribunal expiará a los tres años.
 
Aún así, la LOTC entró en vigor el pasado 26 de mayo y el PP la recurrió dos meses después, pero para entonces dos magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, ya habían dirigido al tribunal un escrito en el que mostraban su rechazo a la reforma y cuestionaban la legitimidad de Casas.
 
Ésta y el vicepresidente Guillermo Jiménez decidieron abstenerse en las deliberaciones del recurso del PP al considerarse directamente afectados, y los otros diez magistrados que componen el pleno se reunieron por primera vez el pasado 11 de septiembre para decidir si aceptan o no que queden fuera del debate.
 
Casi un mes más tarde, y después de otras dos reuniones, no han sido capaces de llegar a un acuerdo, aunque los independientes  ya han mostrado su voluntad de aceptar las abstenciones al rechazar –con el voto de calidad del presidente accidental del pleno, Vicente Conde– un borrador de auto en el que se proponía rechazarlas.
 
Si Casas y Jiménez son apartados, los conservadores podrían inclinar a su favor el empate cinco a cinco entre los dos sectores recurriendo al voto de calidad de Conde –el magistrado de más edad de los que quedan en el pleno– y "tumbar" así la LOTC, abriendo la puerta a la elección de un nuevo presidente.
 
Contraataque del Gobierno: recusar a dos magistrados
 
El Gobierno, por su parte, ya ha anunciado que estudia la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata en este asunto por considerar que su escrito citado anteriormente supone que están "contaminados" para entender de este asunto, y el pasado viernes facultó a la Abogacía del Estado para actuar en el recurso del PP contra la LOTC.
 
Sería la forma de recuperar la mayoría en el pleno, aunque a costa de dejarlo reducido a sólo ocho magistrados, ya que los progresistas contarían con cinco votos mientras que sus rivales sólo tendrían tres.

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