(Libertad Digital) Un juez de Barcelona ha apreciado indicios de "malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil" en adjudicaciones de obras investigadas en la empresa pública Adigsa durante la etapa de los gobiernos presididos por Jordi Pujol.
El diario El País afirma que ha tenido acceso a la resolución del Juzgado número 3 de Barcelona y que allí se concluye que "un constructor pagó comisiones del 20 por ciento cuando trabajó para Adigsa", entidad dedicada a la rehabilitación de viviendas sociales.
Según el mismo diario, "todos los directivos" de la empresa de aquella época "están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil".
El juez acusa a ocho personas, entre ellas cuatro altos cargos de CiU: Ferrán Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, así como a Jordi Huguet, director técnico de la empresa, y Xavier Sala, responsable financiero de la entidad dependiente de la Generalidad.
Falcó es actualmente primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, según señala El País.
La autoridad judicial ha llegado a la conclusión de que se cometieron "numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar viviendas", resume el mismo diario.
En el Auto se identifica a José María Penin como "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos" investigados, "así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación".
Penin era quien "contactaba con los empresarios" en nombre de Adigsa, a pesar de que nunca estuvo contratado por la empresa.
"Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaban las llaves para que se iniciasen las obras sin realizar ningún tipo de expediente previo", cuenta El País, tomando como fuente el Auto judicial.
Se encargaba también de los detalles de la recaudación. Según la investigación concluida por la Fiscalía y el Juez, Penin pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez que cargase "en las facturas que confeccione un 20 por ciento más de lo que correspondería".
Según los hechos comprobados por el mismo Juzgado, Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".
El Auto documenta otras operaciones similares, con otros constructores.
En el inicio de las diligencias, Penin llegó a declarar formalmente que el ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, hoy portavoz de CiU en el Parlamento autonómico, y Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalidad, estaban al corriente de estas operaciones presuntamente ilícitas. Luego se desdijo, también ante el juez.