L D (Agencias) En su Zutabe 122, que los medios de comunicación han desgranado en el día de hoy, la banda terrorista ETA trata por segunda vez algunos de los aspectos de la negociación entre el Gobierno y la organización terrorista. La primera vez que se trató fue el pasado mes de junio, exactamente los días jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24, a través de un serial de filtraciones a Gara.
La legalización del brazo político de ETA fue, según el Zutabe de ETA que recoge Europa Press, una de las propuestas que llevaban debajo del brazo los enviados del Gobierno para el desbloqueo de la negociación, en crisis desde el verano anterior. La organización terrorista ya exigía la consecución de un "acuerdo político" para que se desbloquease la negociación. Para ello, el primer paso debía consistir en que desaparecieran "los obstáculos represivos" que impedían al entorno de ETA desarrollar su "actividad política", empezando por la derogación de la Ley de Partidos.
Respecto a la necesidad de "acuerdo político", los enviados del Gobierno, relata la banda terrorista, decidieron pedir tiempo para analizarla y se fijó fecha para una nueva reunión. Sin embargo, sí presentaron las tres propuestas con las que acudieron al encuentro: la citada posibilidad de derogar la Ley de Partidos a partir de marzo de 2008, futuras medidas en materia de presos y la intención del Gobierno "de empezar a hablar sobre las consecuencias o conclusiones del proceso".
A continuación, la revista interna de ETA saca su propia conclusión sobre la reacción del Gobierno a su exigencia de "acuerdo político": "Aunque se llevaron la propuesta de ETA para analizarla, la respuesta del Gobierno se pudo ver de una manera práctica durante los siguientes días; los contenidos de las reuniones fueron filtrados a la prensa deformando sus contenidos, con el objetivo de reforzar la estrategia del Gobierno".
El siguiente hecho trascendente de la negociación política en el tiempo fue el atentado de Barajas, del que ETA dice que "marcó un punto de inflexión" en su desarrollo. Según los terroristas, "supuso la reacción de ETA ante el Gobierno y quitó de las manos la iniciativa del proceso al Gobierno, rompiendo así sus previsiones". "El Gobierno necesitó tiempo para adaptar su posición a la situación tras lo de Barajas", añade.
La decisión del Gobierno fue renunciar a volverse a reunir con ETA, según la propia banda, aunque "a través de medidadores internacionales repetía tres advertencias: que en esa situación no había posibilidad para un acuerdo político entre partidos; que no había posibilidad de reunirse directamente con ETA; pero que, aún así, era posible retomar el proceso y que el Gobierno no quería romperlo, aunque en ningún momento aclaraba qué estaban dispuestos a hacer para no romper el proceso".
Carta en febrero
El siguiente punto que relata ETA y del que también informaba El Mundo, es el envío que hace de una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que el Ejecutivo respondió afirmativamente. Sin embargo, la detención del negociador Jon Iurrebaso antes de que se celebrase la reunión frustró ésta.
La banda tiene su propia interpretación de lo que aquel arresto, practicado de forma casual por la Policía francesa, suponía: "Ponía patas arriba la regla de oro de cualquier proceso de negociación: el respeto a la interlocución de la otra parte. En este caso, quedó claro que los Ministerios de Interior de Francia y España no respetaban las garantías de seguridad necesarias para la representación de ETA".
A pesar de ello hubo otra reunión a principios de mayo en la que se trató la ilegalización de las listas proetarras. El Gobierno, según ETA, quería "negociar" cuáles se podían presentar. "El Gobierno dijo que se iban a ilegalizar todas las listas de las plataformas y querían negociar con ETA las posibilidades que podría haber con las listas de ANV. Como moneda de cambio, establecían un gesto o declaración pública que debía realizar ETA", recoge el Zutabe.
Última propuesta
Entonces ETA, según su propia versión, presentó al Gobierno la propuesta ya hecha pública en la que, por su parte, se comprometía "a desactivar la lucha armada" siempre que el Ejecutivo reconociese territorialidad, autodeterminación, permitiese concurrir a las elecciones a ASB, derogase la Ley de Partidos y fuese dando pasos en materia de presos, entre otras.
"La representación del Gobierno recibió la orden de no recibir oficialmente esa propuesta y, tras anunciar esa decisión a ETA, el texto se devolvió a los mediadores internacionales. Esa decisión del Gobierno mostraba claramente que daba por concluido el proceso de negociación", dice la banda terrorista.
La organización terrorista dice, a continuación, que utilizó a observadores internacionales para que trasladasen al Gobierno que daba por roto el proceso. Con todo, dejaba una puerta abierta si se firmaba el acuerdo político, se diseñaba un programa para retomar las negociaciones y se "reconducía la situación de las elecciones". Para todo ello era necesario una reunión PSOE-Batasuna para firmar el acuerdo político y otra Gobierno-ETA para "un acuerdo global"
"Los observadores internacionales hicieron llegar el mensaje al Gobierno y éste accedió a que se celebraran, porque pensaba que era un modo de condicionar la intervención armada y porque pensaba que decir que no a un planteamiento así ante mediadores internacionales sería perjudicial para su posición política", dice ETA a continuación.
Según la banda, esas últimas reuniones entre Batasuna y PSOE y ETA y Gobierno dejaron claro que la negociación política se había roto por "la división territorial de Euskal Herria y la imposición de los límites de la legalidad de España".