Los tres periodistas y los siete españoles -cuatro mujeres y tres hombres-, todos ellos tripulantes del avión fletado por "El Arca de Zoé" para efectuar el traslado, fueron acusados hoy formalmente por un juez de complicidad en el secuestro de menores. Sobre los otros seis pesan los cargos de estafa y secuestro de menores.
El viceprocurador general de Chad, Noudjingar Moïse, dijo que se espera que los detenidos sean traídos a Yamena, donde será recibido el expediente judicial desde Abéché, y una vez en esta capital la Corte Suprema decidirá qué tribunal se hace cargo de la causa. Por su parte, el procurador general, Ahmat Agrey, confirmó a Efe a media tarde de hoy que el expediente todavía no había llegado a Yamena, y hasta que no se conozcan los detalles prefirió no entrar en explicaciones sobre el proceso. Según Agrey, el rapto de menores en Chad se castiga con una pena de hasta 20 años de trabajos forzados, aunque cada caso depende de lo que pida la Fiscalía.
Según fuentes diplomáticas españolas, los detenidos se encuentran en dependencias policiales de Abéché, donde el cónsul español en Camerún, Vicente Mas, pudo reunirse hoy con los siete tripulantes, quienes le aseguraron que se encuentran en buen estado y están recibiendo "un buen trato" de parte de las autoridades chadianas.
A las gestiones españolas se ha sumado desde anoche la embajadora española en Camerún, María Jesús Alonso, y está prevista también la llegada a Yamena desde Madrid del director general de Asuntos Consulares, Miguel Ángel Frutos. Según informaron desde Madrid fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el fiscal del caso ha comunicado a Mas que va a proceder a un interrogatorio "a fondo" y por separado de cada uno de los miembros de la tripulación, que serán asistidos por un abogado y un intérprete, según el portavoz del ministerio.
Mientras tanto, en Abéché, decenas de personas se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de esa localidad y corearon lemas contra los detenidos. Según fuentes oficiales de Abéché, el clima que se vive en esa localidad, cercana a la región sudanesa de Darfur, puede retrasar el traslado del expediente judicial hacia Yamena, porque la población quiere que los europeos sean juzgados allí.
"No importa quién diga qué, no sabemos quiénes son esos niños, ni si son huérfanos ni de dónde vienen", dijo a Efe la portavoz de Unicef en Ginebra, Veronique Taveau, en referencia a las distintas informaciones sobre los menores que se han facilitado hasta el momento.
"Son la justicia y el gobierno chadiano quienes deben determinar qué ha sucedido y quiénes son esos niños", agregó Taveau, quien recordó que siguen en curso las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y que los resultados serán contrastados.
Por esa razón, "Unicef se mantiene a la espera de lo que dictamine la justicia y después ya será el momento de calificar lo sucedido", añadió.


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