L D (EFE) "No está planteado que la justicia chadiana se declare incompetente en este proceso", dijo Deby, en declaraciones difundidas por los medios locales de comunicación. "La justicia se hará aquí, en el Chad", insistió Deby.
El caso está vinculado con el intento de traslado a Francia de 103 niños desde la localidad chadiana de Abéché, en una operación irregular que terminó con la detención de nueve franceses y siete españoles.
Los franceses eran seis miembros de la ONG que organizó el traslado y tres periodistas, mientras que los españoles eran los tripulantes del avión fletado para transportar a los menores a Francia, con vistas a su adopción. Las autoridades del Chad ya pusieron en libertad a cuatro azafatas españolas y a los tres periodistas franceses, pero aún quedan detenidos otros tres tripulantes españoles y los seis responsables de la ONG.
Sarkozy aseguró hoy que volverá a Chad "a buscar a todos" los franceses de la ONG, "hayan hecho lo que hayan hecho". Ya en el viaje anterior -que realizó el pasado domingo a Chad- Sarkozy se mostró partidario de que los franceses detenidos sean juzgados en Francia, al amparo de un acuerdo judicial bilateral entre Francia y Chad firmado en 1976.
Pero Deby rechazó en sus declaraciones esa posibilidad y dijo que de momento no es necesaria la extradición de los franceses. "Al contrario -añadió- la justicia chadiana va a llegar al fondo" (del asunto). La liberación de las cuatro azafatas españolas y de los tres periodistas franceses ha generado protestas en esta capital por parte de sectores opuestos a que los acusados formalmente hayan abandonado el país en el avión que trajo el domingo a Sarkozy.
Al igual que Deby, el Abogado del Estado, Philippe Husseini, declaró a los periodistas que los acuerdos entre los dos países no permiten que el caso sea juzgado en Francia porque uno de sus artículos establece que no cabe extradición cuando el delito se ha cometido en todo o en parte del territorio del Estado requerido. También el ministro chadiano del Interior, Ahmat Mahamat Bachir, insistió hoy en declaraciones publicadas por "Le Parisien" que no hay posibilidad de que extradición porque "los hechos se cometieron en Chad".
"Por eso estos bandidos deben ser juzgados y condenados aquí. También deben purgar su pena en el país: que prueben nuestras prisiones. Y una vez que hayan purgado su pena, los expulsaremos de una vez por todas", afirmó el ministro. En parecidos términos se manifestó el ministro chadiano de Justicia, Albert Pahimi Padacké, quien en declaraciones a la emisora "France Info" calificó como "inoportunas" las palabras de Sarkozy anunciando que volverá a Chad a llevarse al resto de sus compatriotas que están detenidos.
"No es el presidente Nicolas Sarkozy quien decidirá lo que tiene que hacer la justicia chadiana, será Chad, con su aparato judicial, quien decidirá", afirmó el ministro. Frente a la situación de los franceses de la ONG responsable del traslado de los niños, el caso de los tres tripulantes españoles que quedan aún en este país tiene menores implicaciones, porque están acusados de complicidad con el delito de rapto de menores.
Su abogado presentó hoy una solicitud de libertad provisional en favor de los tres españoles y el juez debe decidir en un plazo de diez días si la concede o no. Si la respuesta en positiva, los tres tripulantes podrían regresar a Madrid, al igual que las cuatro azafatas.
El caso está vinculado con el intento de traslado a Francia de 103 niños desde la localidad chadiana de Abéché, en una operación irregular que terminó con la detención de nueve franceses y siete españoles.
Los franceses eran seis miembros de la ONG que organizó el traslado y tres periodistas, mientras que los españoles eran los tripulantes del avión fletado para transportar a los menores a Francia, con vistas a su adopción. Las autoridades del Chad ya pusieron en libertad a cuatro azafatas españolas y a los tres periodistas franceses, pero aún quedan detenidos otros tres tripulantes españoles y los seis responsables de la ONG.
Sarkozy aseguró hoy que volverá a Chad "a buscar a todos" los franceses de la ONG, "hayan hecho lo que hayan hecho". Ya en el viaje anterior -que realizó el pasado domingo a Chad- Sarkozy se mostró partidario de que los franceses detenidos sean juzgados en Francia, al amparo de un acuerdo judicial bilateral entre Francia y Chad firmado en 1976.
Pero Deby rechazó en sus declaraciones esa posibilidad y dijo que de momento no es necesaria la extradición de los franceses. "Al contrario -añadió- la justicia chadiana va a llegar al fondo" (del asunto). La liberación de las cuatro azafatas españolas y de los tres periodistas franceses ha generado protestas en esta capital por parte de sectores opuestos a que los acusados formalmente hayan abandonado el país en el avión que trajo el domingo a Sarkozy.
Al igual que Deby, el Abogado del Estado, Philippe Husseini, declaró a los periodistas que los acuerdos entre los dos países no permiten que el caso sea juzgado en Francia porque uno de sus artículos establece que no cabe extradición cuando el delito se ha cometido en todo o en parte del territorio del Estado requerido. También el ministro chadiano del Interior, Ahmat Mahamat Bachir, insistió hoy en declaraciones publicadas por "Le Parisien" que no hay posibilidad de que extradición porque "los hechos se cometieron en Chad".
"Por eso estos bandidos deben ser juzgados y condenados aquí. También deben purgar su pena en el país: que prueben nuestras prisiones. Y una vez que hayan purgado su pena, los expulsaremos de una vez por todas", afirmó el ministro. En parecidos términos se manifestó el ministro chadiano de Justicia, Albert Pahimi Padacké, quien en declaraciones a la emisora "France Info" calificó como "inoportunas" las palabras de Sarkozy anunciando que volverá a Chad a llevarse al resto de sus compatriotas que están detenidos.
"No es el presidente Nicolas Sarkozy quien decidirá lo que tiene que hacer la justicia chadiana, será Chad, con su aparato judicial, quien decidirá", afirmó el ministro. Frente a la situación de los franceses de la ONG responsable del traslado de los niños, el caso de los tres tripulantes españoles que quedan aún en este país tiene menores implicaciones, porque están acusados de complicidad con el delito de rapto de menores.
Su abogado presentó hoy una solicitud de libertad provisional en favor de los tres españoles y el juez debe decidir en un plazo de diez días si la concede o no. Si la respuesta en positiva, los tres tripulantes podrían regresar a Madrid, al igual que las cuatro azafatas.