Internautas cree que Cultura "o desconocía" la trama "o está en connivencia" con la SGAE
La gestión de la SGAE de los fondos de derechos de los autores está una vez más en entredicho. Según lo publicado en varios medios de comunicación, hay una trama de sociedades creadas por miembros de la directiva de la SGAE y que han sido contratadas por la propia institución. Varias asociaciones en torno a la plataforma Todoscontraelcanon.com han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo que podrían ser varios delitos de enriquecimiento ilícito. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, en declaraciones a Libertad Digital ha exigido explicaciones a la SGAE y al Ministerio de Cultura. De éste ha declarado que "o desconocía lo que estaba pasando, o ha actuado en connivencia con la SGAE".
(Libertad Digital) Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas ha explicado a Libertad Digital el contenido de la denuncia presentada por las asociaciones unidas contra el canon digital. Amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han limitado a dar a conocer a la Fiscalía Anticorrupción los hechos denunciados en varios medios de comunicación, como los diarios El Economista, El Mundo o Público, sin necesidad de querellarse. Estas informaciones detallan la trama de sociedades creadas en torno a la SGAE y que servirían a varios de sus dirigentes para sacar dinero de la actividad de la sociedad de derechos de autor, algo que de confirmarse podría entrar en contradicción con lo que debiera ser una actividad "sin ánimo de lucro".
¿Sin ánimo de lucro?
Los fondos recaudados por la SGAE, y que se han multiplicado con la introducción del canon digital, están sometidos "a un origen legítimo y a unos destinatarios legítimos", que son los autores, según recuerda Ofelia Tejerina. Las informaciones recogidas en la denuncia apuntan a "actividades irregulares" que "podrían llevar implícitas la vulneración de actuar sin ánimo de lucro". Los casos denunciados por la prensa apuntan a la creación de sociedades por miembros de dirigentes de la SGAE o personas cercanas a ellos y que luego son contratadas por la sociedad para la prestación de diversos servicios.
Podría ser el caso de Iberautor, que "debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93 por ciento del total en 2004 y el 84 por ciento en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4 por ciento de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede 'provocar perjuicios' a la sociedad", según el texto de la denuncia. También habla del caso de SDAE, de la cual "el 99 por ciento de su facturación la obtiene de SGAE".
Las asociaciones denunciantes no están obligadas a querellarse contra la SGAE ni a calificar penalmente los hechos irregulares, y la LEC les confiere el derecho de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que ésta la admita a trámite, si lo considera oportuno. "No nos presentamos como parte, pero sí queremos que se nos tenga en cuenta" en el desarrollo del juicio. No obstante, entre las posibles calificaciones de los hechos denunciados podrían estar las de estafa, fraude de subvenciones o apropiación indebida. La actuación de la SGAE le merece a la abogada de la AI la siguiente pregunta: "El dinero que recauda la SGAE, ¿vale para enriquecer a sus directivos o para compensar a los autores por lo que se considera de violación de sus derechos?".
SGAE y Cultura deben explicarse
Según ha declarado a Libertad Digital Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, "estas noticias ya habían aparecido antes" y la SGAE "ha reaccionado siempre con el silencio". Ahora exige "explicaciones" a la sociedad de derechos de autor. Por lo que se refiere al Ministerio de Cultura, "o desconocía lo que estaba pasando, o ha actuado en connivencia con la SGAE". Ahora "el Ministerio debe reaccionar. Cómo, no lo sé, pero nosotros lo que queremos es que haya explicaciones". Debe clarificar totalmente su posición, porque "no nos gustaría que el Ministerio de Cultura fuese partícipe en este asunto".
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