LD (Efe) El PP afirma que el escrito en el que seis magistrados del Tribunal Constitucional, supuestamente, desmintieron la información periodística en la que este partido se basó para recusar a tres de ellos es "falso" y solicita que los firmantes del mismo hagan una "confesión jurada" sobre esta cuestión.
Así lo expone el PP en las alegaciones sobre la carta en la que los seis magistrados, entre los que había dos del sector independiente del Gobierno, supuestamente desmentían la noticia de El Mundo en la que este partido se basó para recusar a tres jueces en su recurso contra la Ley Orgánica de esta institución (LOTC) que prorrogó el mandato de la presidenta María Emilia Casas.
El pasado 25 de octubre, el PP recusó a Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps basándose en una información publicada el día anterior por El Mundo en la que se aseguraba que éstos "se mostraron partidarios de la reforma de la LOTC" en una reunión convocada por Casas el pasado 12 de junio.
Días después, todos los asistentes a la reunión -los cuatro citados, del sector progresista, más los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas- decían en una carta: "lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".
Ahora el PP dice que el escrito de los magistrados "ha devenido falso", y lo hace basándose en una segunda carta, firmada por Rodríguez Arribas, en la que éste afirmaba: "corresponde a la verdad que, contra lo expuesto en la noticia del periódico, en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la Ley reformadora de la LOTC".
Sin embargo, este magistrado señalaba también que en la citada reunión él propuso la dimisión de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez -cuyo mandato también fue prorrogado por la LOTC- y que se convocara un pleno para ratificarles en sus cargos.
Así, el PP interpreta que la reunión "no versó formalmente sobre la constitucionalidad de la Ley impugnada, pero sí sobre la cuestión de fondo de la que la Ley trae causa y que el recurso principal plantea, a saber: cuál era el mecanismo más adecuado para proceder ante el término del mandato de la presidenta y el vicepresidente".
Por ello el PP solicita "anular cualquier eficacia de dicho documento, al haber sido suscrito por dos magistrados abstenidos (Casas y Jiménez), desmentido su contenido por otro de los firmantes (Rodríguez Arribas) y preconstituir prueba en claro perjuicio de los derechos procesales de esta parte".
Además pide que se tome declaración, "en confesión jurada", a Casas, a los tres magistrados recusados por este partido (Aragón, Sala y Pérez Tremps) y a Rodríguez Arribas "sobre el contenido de la reunión".
El PP, sin embargo, no pide la declaración del conservador Guillermo Jiménez, pese a que también asistió al encuentro y firmó junto a los otros el desmentido.
Igualmente este partido alude también en su escrito a unas manifestaciones de Casas sobre "los intentos intolerables de desestabilizar el Constitucional", pronunciadas por la presidenta el pasado día 15 durante una conferencia en Pamplona, y le insta a guardar silencio.
Aunque Casas no citó al PP, éste señala en sus alegaciones: "nos vemos obligados a decir, como mínimo, que mejor permanezca cuando menos silente y fuera de este proceso".
Así lo expone el PP en las alegaciones sobre la carta en la que los seis magistrados, entre los que había dos del sector independiente del Gobierno, supuestamente desmentían la noticia de El Mundo en la que este partido se basó para recusar a tres jueces en su recurso contra la Ley Orgánica de esta institución (LOTC) que prorrogó el mandato de la presidenta María Emilia Casas.
El pasado 25 de octubre, el PP recusó a Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps basándose en una información publicada el día anterior por El Mundo en la que se aseguraba que éstos "se mostraron partidarios de la reforma de la LOTC" en una reunión convocada por Casas el pasado 12 de junio.
Días después, todos los asistentes a la reunión -los cuatro citados, del sector progresista, más los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas- decían en una carta: "lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".
Ahora el PP dice que el escrito de los magistrados "ha devenido falso", y lo hace basándose en una segunda carta, firmada por Rodríguez Arribas, en la que éste afirmaba: "corresponde a la verdad que, contra lo expuesto en la noticia del periódico, en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la Ley reformadora de la LOTC".
Sin embargo, este magistrado señalaba también que en la citada reunión él propuso la dimisión de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez -cuyo mandato también fue prorrogado por la LOTC- y que se convocara un pleno para ratificarles en sus cargos.
Así, el PP interpreta que la reunión "no versó formalmente sobre la constitucionalidad de la Ley impugnada, pero sí sobre la cuestión de fondo de la que la Ley trae causa y que el recurso principal plantea, a saber: cuál era el mecanismo más adecuado para proceder ante el término del mandato de la presidenta y el vicepresidente".
Por ello el PP solicita "anular cualquier eficacia de dicho documento, al haber sido suscrito por dos magistrados abstenidos (Casas y Jiménez), desmentido su contenido por otro de los firmantes (Rodríguez Arribas) y preconstituir prueba en claro perjuicio de los derechos procesales de esta parte".
Además pide que se tome declaración, "en confesión jurada", a Casas, a los tres magistrados recusados por este partido (Aragón, Sala y Pérez Tremps) y a Rodríguez Arribas "sobre el contenido de la reunión".
El PP, sin embargo, no pide la declaración del conservador Guillermo Jiménez, pese a que también asistió al encuentro y firmó junto a los otros el desmentido.
Igualmente este partido alude también en su escrito a unas manifestaciones de Casas sobre "los intentos intolerables de desestabilizar el Constitucional", pronunciadas por la presidenta el pasado día 15 durante una conferencia en Pamplona, y le insta a guardar silencio.
Aunque Casas no citó al PP, éste señala en sus alegaciones: "nos vemos obligados a decir, como mínimo, que mejor permanezca cuando menos silente y fuera de este proceso".