L D (EFE) Se trata de Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, Carmen Ibáñez, Santiago Castillo y Antonio Sanz, según han informado fuentes jurídicas, que han señalado que están acusados de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias como presuntos miembros de una red de cobro de comisiones para la obtención de licencias municipales de actividad de locales comerciales y de ocio.
Momentos antes de conocer la resolución, la defensa de Victoriano Ceballos -jefe de la División de Impacto Ambiental de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid-, José Luis Prada, ha manifestado a los periodistas que este caso es el resultado de "una batalla entre dos fuerzas políticas" en medio de la cual están los detenidos.
Prado ha insistido en que su defendido trabaja en un organismo que "no otorga licencias, sino informes" y ha añadido que las empresas que están a su nombre llevan, al menos, diez años en actividad.
El letrado ha atribuido el hecho de que tanto Ceballos como el resto de los implicados estén en prisión a la prisión mediática y ha negado que su defendido haya admitido que cobrara comisiones, así como que tenga cuentas en Suiza.
"¿Dónde está la trama?", se ha preguntado Prada, que ha considerado "inadecuado" que el Ayuntamiento de Madrid se persone en la causa en contra de sus empleados porque es "echarse basura contra su propio tejado