L D (EFE) La concentración, frente al Ministerio de Defensa, ha contado con el respaldo de IU, de los sindicatos CCOO y UGT, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de los sindicatos de policías y de organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia o Amnistía Internacional, así como de la asociación europea EUROMIL, que agrupa a 36 asociaciones presentes en 24 países, con unos 500.000 afiliados.
Han asistido unas 200 personas de paisano, la mayoría de ellas con caretas con el rostro de Jorge Bravo con la boca amordazada, que han aplaudido las diferentes intervenciones de los portavoces de los colectivos mencionados.
El secretario general de la AUME, Mariano Casado, ha instado a continuar trabajando para lograr que los militares tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, como el de reunión y asociación. Se ha referido a Bravo, que lleva 40 días arrestado en la Base de San Pedro de Colmenar Viejo y que saldrá mañana, "privado injustamente de libertad simplemente por anteponer los intereses de los demás a los suyos propios".
En su opinión, "está dando un ejemplo y ha hecho del compañerismo y de la lealtad los valores que impulsan su quehacer cotidiano" y "está privado de libertad por pedir que se cumpla la ley, la de los derechos y libertades de los ciudadanos de este país, también de los ciudadanos de uniforme".
Emmanuel Jacob, presidente de EUROMIL, ha condenado que los militares españoles sean tratados como "ciudadanos de segunda clase y ha apreciado que, tras varias tentativas, "no hay voluntad" en los líderes políticos y militares españoles por cambiar la situación. EUROMIL, ha dicho, está indignada por el segundo arresto de Bravo en menos de un año y "profundamente impresionada" por que un país democrático tome acciones disciplinarias y jurídicas, que tildó de "desproporcionadas", contra quien defiende derechos fundamentales de los militares.
Los portavoces de UGT y CC destacaron la solidaridad con el arrestado y la necesidad de que los derechos de asociación y reunión se extiendan a todos los trabajadores, incluidos los de uniforme.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha dicho que estamos "orgullosos como nunca de nuestras Fuerzas Armadas" y se preguntó "cómo puede ser que se mancille su imagen" con los arrestos y expedientes, al tiempo que ha recordado que él también acudió a la manifestación de la Plaza Mayor.
El secretario general de la Asociación unificada de la Guardia Civil, AUGC, Joan Miquel Perpigná, se ha mostrado confiado de lograr los objetivos y ha precisado que la AUME es "la voz de los militares en España y no debe de ser acallada en los muros de Colmenar Viejo", ya que en Europa los militares disfrutan de los derechos que ellos no tienen.
Desde el Sindicato Unificado de la Policía, Mónica Gracia, ha asegurado que a Bravo se le ha aplicado la ley de "manera injusta y soez", y ha añadido que "estamos cansados de pijos rojos que nos venden" y "de promesas".
Las alocuciones terminaron con la lectura de una carta manuscrita de Bravo, por su hermana Amanda, en la que agradecía las muestras de solidaridad y apoyo y animaba a continuar con la lucha por los derechos de los militares.
Han asistido unas 200 personas de paisano, la mayoría de ellas con caretas con el rostro de Jorge Bravo con la boca amordazada, que han aplaudido las diferentes intervenciones de los portavoces de los colectivos mencionados.
El secretario general de la AUME, Mariano Casado, ha instado a continuar trabajando para lograr que los militares tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, como el de reunión y asociación. Se ha referido a Bravo, que lleva 40 días arrestado en la Base de San Pedro de Colmenar Viejo y que saldrá mañana, "privado injustamente de libertad simplemente por anteponer los intereses de los demás a los suyos propios".
En su opinión, "está dando un ejemplo y ha hecho del compañerismo y de la lealtad los valores que impulsan su quehacer cotidiano" y "está privado de libertad por pedir que se cumpla la ley, la de los derechos y libertades de los ciudadanos de este país, también de los ciudadanos de uniforme".
Emmanuel Jacob, presidente de EUROMIL, ha condenado que los militares españoles sean tratados como "ciudadanos de segunda clase y ha apreciado que, tras varias tentativas, "no hay voluntad" en los líderes políticos y militares españoles por cambiar la situación. EUROMIL, ha dicho, está indignada por el segundo arresto de Bravo en menos de un año y "profundamente impresionada" por que un país democrático tome acciones disciplinarias y jurídicas, que tildó de "desproporcionadas", contra quien defiende derechos fundamentales de los militares.
Los portavoces de UGT y CC destacaron la solidaridad con el arrestado y la necesidad de que los derechos de asociación y reunión se extiendan a todos los trabajadores, incluidos los de uniforme.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha dicho que estamos "orgullosos como nunca de nuestras Fuerzas Armadas" y se preguntó "cómo puede ser que se mancille su imagen" con los arrestos y expedientes, al tiempo que ha recordado que él también acudió a la manifestación de la Plaza Mayor.
El secretario general de la Asociación unificada de la Guardia Civil, AUGC, Joan Miquel Perpigná, se ha mostrado confiado de lograr los objetivos y ha precisado que la AUME es "la voz de los militares en España y no debe de ser acallada en los muros de Colmenar Viejo", ya que en Europa los militares disfrutan de los derechos que ellos no tienen.
Desde el Sindicato Unificado de la Policía, Mónica Gracia, ha asegurado que a Bravo se le ha aplicado la ley de "manera injusta y soez", y ha añadido que "estamos cansados de pijos rojos que nos venden" y "de promesas".
Las alocuciones terminaron con la lectura de una carta manuscrita de Bravo, por su hermana Amanda, en la que agradecía las muestras de solidaridad y apoyo y animaba a continuar con la lucha por los derechos de los militares.