L D (Europa Press) El registro se inició a instancias del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en julio de este año admitió a trámite una querella criminal de la entidad E-Cristians, contra el doctor Morín y sus clínicas Ginemedex, TBC, EMECE y Clínicas Barnamedic de Barcelona. Sobre las 9.30 horas de hoy, agentes de la Guardia Civil en colaboración con la Guardia Urbana empezaron los registros en estas clínicas y en el domicilio particular de Morín, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el cual seguía el registro sobre las 19.30 horas.
Los otros cinco detenidos, personal médico y de gerencia, ya se encuentran en dependencias de la Guardia Civil a la espera de declarar. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, en los registros se incautó numerosa documentación en "papel" y ficheros informáticos. Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la investigación criminal se inició por hechos considerados "graves", como la "práctica reiterada" de interrupciones voluntarias del embarazo "radicalmente fuera" de los supuestos permitidos por ley.
Tanto la Fiscalía como el TSJC aseguraron que los datos personales de las usuarias de las clínicas no serán revelados, si bien el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Solamente se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales "aparezcan fundamentados motivos de imputación".
Además, tanto el juzgado como la Fiscalía aseguraron que han actuado con "la debida independencia e imparcialidad" sin "entrar en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico" de diferentes sectores sociales. La juez que lleva el caso, Elisabeth Castelló, ha decretado el secreto de las actuaciones. Por su parte, el abogado de Carlos Morín, Francesc Campà, explicó a Europa Press que hasta mañana no dará su versión sobre la investigación, las detenciones y los registros.
En octubre del pasado año, la clínica Ginemedex fue acusada de asesorar abortos ilegales tras hacerse público un reportaje de cámara oculta de la televisión pública danesa DR, donde una periodista embarazada de 26 semanas pedía abortar. A raíz de este reportaje, la entidad E-Cristians presentó la querella en octubre de 2006.
La pena para un médico que provoque un aborto ilegal es de hasta tres años de prisión y inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o trabajar en centros médicos por tiempo de uno a seis años. Por su parte, la mujer que consienta que le provoquen un aborto ilegal podría enfrentarse a una pena de hasta un año de cárcel o una multa.