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Catorce familias vascas plantean una causa de derechos fundamentales contra EpC

Catorce familias del País Vasco han presentado este martes un caso de protección de Derechos Fundamentales contra el Decreto de contenidos de Educación para la Ciudadanía promulgado por el Gobierno autónomo vasco. Los padres que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia entienden que la asignatura "vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, a no declarar sobre su ideología, creencias y religión, y por vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones", según ha informado Profesionales por la Ética a Libertad Digital. En Andalucía, el TSJA ya ha estimado como una causa de Derechos Fundamentales el recurso de un grupo de padres contra EpC. En Cataluña, cuatro entidades han presentado recurso en el TSJC.

Catorce familias del País Vasco han presentado este martes un caso de protección de Derechos Fundamentales contra el Decreto de contenidos de Educación para la Ciudadanía promulgado por el Gobierno autónomo vasco. Los padres que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia entienden que la asignatura "vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, a no declarar sobre su ideología, creencias y religión, y por vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones", según ha informado Profesionales por la Ética a Libertad Digital. En Andalucía, el TSJA ya ha estimado como una causa de Derechos Fundamentales el recurso de un grupo de padres contra EpC. En Cataluña, cuatro entidades han presentado recurso en el TSJC.
(Libertad Digital) El recurso de catorce padres del País Vasco se ha presentado este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esta región. Las familias piden que se tramite como un caso de Protección de Derechos Fundamentales contra el Decreto del Gobierno vasco, de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 
 
Estos padres entienden que la asignatura vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, a no declarar sobre su ideología creencias y religión y por vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones sin injerencias del Estado o de la Administración.
 
Como en su momento indicó la asociación Profesionales por la Ética (en documento que se adjunta), el currículo de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco tiene una fuerte carga de educación moral de los alumnos. 
Así, por ejemplo, en la introducción a los contenidos de EpC se reconoce que la asignatura se introduce en el mundo de los valores y de las elecciones personales, por lo que el alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia, la actividad crítica sobre los propios valores y conductas. El decreto vasco de EPC también incluye el rechazo de conductas violentas generadas por el sistema sexo-género y las estrategias sociales de transmisión de roles y valores: familia, escuela, publicidad, medios de comunicación, etcétera.
 
Este recurso presentado en el País Vasco se suma al interpuesto por cinco padres andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por considerar que el decreto que desarrolla Educación para la Ciudadanía en Andalucía vulnera sus derechos fundamentales. El recurso andaluz ha sido admitido a trámite por el Tribunal.
 
A estas acciones jurídicas contra los decretos andaluces hay que sumar las casi 20 000 declaraciones de objeción de conciencia presentadas por padres de toda España; además, 38 padres asturianos y 4 catalanes han presentado recursos contra un escrito de sus respectivas administraciones autonómicas que rechazaban su objeción de conciencia.
 
Todo ello sucede  a solo dos meses de iniciado el curso, cuando Educación para la Ciudadanía se está impartiendo en 7 comunidades autónomas.  
 
El recurso de los padres vascos se ha presentado el mismo día en el que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado en el Foro Nueva Economía que no hay ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía.
 
Por otra parte, un total de cuatro entidades han presentado recursos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y "próximamente" se presentarán tres más, según Profesionales por la Ética. Además, un total de 19 familias catalanas se concentraron este miércoles ante la Consejería de Educación para expresar su objeción de conciencia a la asignatura de EpC y reclamaron que se garantice "la libertad ideológica en la enseñanza".
 
El presidente de la asociación en Cataluña, Ramon Novella, explicó que los recursos, junto a las 21.000 objeciones que se han presentado en España, según la entidad, demuestran "el incremento del movimiento contra EpC", un fenómeno que consideró "imparable". Novella criticó que el Gobierno español y también a las distintas autonomías, que no reconocen las cifras reales de objeciones porque quieren "minimizar el alcance" del problema, pero también admitió que "muchos centros no notifican" las declaraciones de conciencia a las Consejerías. Sobre el recurso interpuesto por la Fundación Abat Oliba, E-Cristians y Juristas Cristianos de Cataluña, animó a los ciudadanos a adherirse a esta iniciativa poniéndose en contacto con cualquiera de los tres centros.

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