L D (Europa Press) Además del primer edil, este domingo declararon en el juzgado el ex concejal del Ayuntamiento de Totana y empresario local, Juan Francisco Casanova, y la secretaria municipal, Laura Bastida, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 15.000 y 20.000 euros, respectivamente, con la obligación para ambos de comparecer ante el juzgado .
La jueza dirige la instrucción por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
Por su parte, el pasado sábado declararon en calidad de imputados tres personas más, P.J.M.R., que quedó en libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, así como D.C.C. y A.C.L., que quedaron en libertad provisional sin fianza.
Por último, el pasado viernes pasaron a disposición judicial seis detenidos, entre ellos el empresario gallego Manuel Núñez Arias, para quien se decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros, y en caso de prestarla, como ya hizo, obligación de comparecer ante el juzgado y retirada del pasaporte.
Martínez Andreo presenta su baja "cautelar" del PP
El alcalde de Totana ha presentado su baja "cautelar" del PP para evitar así que su detención en la Operación Tótem de la Guardia Civil "dañe la imagen" de este partido, informaron a Efe fuentes del Partido Popular.
El secretario general del PP en la Región, Miguel Ángel Cámara, informó que la Junta Directiva del partido, reunida en sesión extraordinaria, ha aceptado y dado trámite a la solicitud de baja voluntaria de militancia presentada por el hasta ahora alcalde de Totana, José Martínez Andreo, "para realizar una defensa independiente y ajena a cualquier tipo de estrategia política ruin y mezquina que trate de perjudicar el buen nombre del PP".
Igualmente, Cámara, quien hizo una lectura del comunicado, añadió que la dirección regional del PP también ha aceptado la baja cautelar, también voluntaria, en la militancia del partido de Juan Morales, "de tal forma que pueda emprender sus acciones legales de modo particular". No obstante, seguirá ocupando su puesto como diputado en la Asamblea Regional.
El objetivo de esta reunión, según Cámara, es el de "garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de Totana, así como la normal organización interna del PP local, para lo que se pondrán en marcha los mecanismos estatutarios precisos". Igualmente, el comunicado del que Cámara, acompañado del portavoz de los populares murcianos, Pedro Antonio Sánchez, hizo lectura añade que en el partido "no caben comportamientos que pudieran ser reprobables o contrarios a derecho".
"Antes bien, la ética y honestidad demostrada por sus integrantes obliga a mantener un elevado nivel de exigencia para que los valores que presiden nuestra formación política no se vean afectados por conductas personales que pudieran conculcar alguno de estos principios", apostilló.
Además del establecimiento de estas medidas, el Partido Popular manifestó "su más profunda convicción de que sólo una Administración de Justicia libre, desprovista de presiones e injerencias externas, es capaz de garantizar plenamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, entre ellos el secreto de sumario y la presunción de inocencia".
En este sentido, reclamó "la misma defensa que aplica en la vigilancia por el cumplimiento de las leyes y por la independencia judicial, y el máximo respeto y rigor de las actuaciones", con el objetivo, puntualizó Cámara, de "evitar la utilización partidista de las acciones que se están desarrollando".
También pidió "celeridad en el esclarecimiento de la verdad y de todos los hechos que se están desarrollando estos días", por lo que, aseveró, "desde el PP vamos a realizar todo tipo de actuaciones, incluido en su caso las legales, en defensa de los intereses de nuestra formación política, nuestros militantes y del buen nombre de la Región, reclamando el derecho a la presunción de inocencia y a que cuanto antes, todos los procedimientos puedan terminarse para delimitar, en su caso si las hubiera, responsabilidades". Es por ello por lo que lanzó un mensaje a toda la sociedad murciana de que el PP "continúa en la misma línea que siempre ha creído", traducida, subrayó, "en la defensa de los intereses generales, la legalidad de las acciones que realiza y reclamando el compromiso serio de las instituciones".