(Libertad Digital) El director de La Razón, José Alejandro Vara, ha explicado este martes en La Mañana de COPE que la condena se produce como consecuencia de "un despiste en la edición del periódico". Su diario estaba obligado a publicar una rectificación de una información de marzo de 2005 sobre un alto cargo del Ministerio de Exteriores, Melitón Cardona.
La rectificación se publicó, aunque no de forma destacada en la portada del diario, tal y como indicaba una sentencia de la jurisdicción civil. El afectado denunció este defecto, imputando esta vez un delito de Desobediencia al director de La Razón. Significativamente, la Fiscalía pidió una pena de seis meses de cárcel para José Alejandro Vara. La sentencia ha hecho suyo este criterio.
Vara ha señalado, en el mismo canal de radio, que la rectificación no se destacó en la portada por un "despiste", una circunstancia ante la que la pena impuesta parece desproporcionada. No obstante, el director de este diario nacional no tendrá que cumplirla, al carecer de antecedentes penales.
"Seguramente, la sentencia habrá reconfortado a muchos, en la profesión periodística y en instancias jurídico-políticas interesadas en que La Razón no salga cada día al encuentro de sus lectores, pero por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir. La Razón va a seguir
El País –este martes– y ABC –este miércoles– destacan la condena al director de La Razón. Ambos periódicos llevan una línea editorial claramente pro-gubernamental en temas claves de la agenda nacional en los que La Razón está siendo crítico con la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como el 11-M o Educación para la Ciudadanía.
La condena al director de La Razón coincide con otras acciones contra periodistas, escritores y líderes cívicos críticos con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Dos periodistas de El Mundo se enfrentan a peticiones de penas desorbitadas por parte del presidente de la Junta andaluza. El juez, de entrada, les ha impuesto una fianza de 700.000 euros en el caso del supuesto espionaje al ex presidente de una caja andaluza. Una de las pruebas clave, una grabación que implicaría a Chaves en el espionaje, ha sido robada en los últimos días del juzgado.
El Comité de la Libertad de Prensa hizo público este martes que ha pedido al presidente socialista que retire su querella contra los dos periodistas de El Mundo, Francisco Rosell y Javier Carballo.
Markham Bench, director ejecutivo del Comité, considera la acción judicial como "un atentado contra la libertad de prensa y los derechos fundamentales de los dos periodistas, y más importante, del mismo público".
Recuerda este organismo independiente la obligación de "los funcionarios públicos de cuidarse del uso del poder para silenciar las críticas dirigidas a ellos". Advierten sobre el abuso de las leyes contra la difamación puestas "en manos de funcionarios públicos". Pueden llegar constituir "una potente herramienta de censura para escudarse del escrutinio de la Prensa", previene el Comité de la Libertad de Prensa.
El director de La Razón y los dos informadores de El Mundo no son los únicos intentos de silenciar voces discrepantes con el Gobierno mediante la judicialización de sus críticas.
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo se enfrenta a una querella por supuestas injurias al Gobierno, presentada por una asociación de abogados que actúa como pantalla de los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
De hecho, destacados dirigentes del PSOE han aprovechado esta acción judicial para emprender, en paralelo, una campaña de insultos y hostigamiento contra el presidente de la AVT, al que Álvaro Cuesta ha descalificado como "lenguaraz".
La COPE es otro de los objetivos del Gobierno y de la prensa pro-gubernamental. En este caso, se combinan también las querellas y peticiones de cárcel o de censura judicial para sus comunicadores, con una campaña de hostigamiento sin precedentes en la etapa democrática por su agresividad y despliegue de recursos de intimidación, desde pintadas y acoso a sedes del canal de radio, a insultos, plantes y linchamiento de la reputación de los periodistas de COPE más significados por su crítica al Gobierno.
El presidente Rodríguez Zapatero, en un gesto insólito, ha pedido públicamente a la Conferencia Episcopal, accionista mayoritario de COPE, que intervenga en la línea informativa del canal para censurar los programas que denuncian algunas de las políticas de su Gobierno.
En este contexto, diarios como El País y ABC se han apuntado a una campaña de destrucción personal de algunas voces críticas de la sociedad española. El ensañamiento contra las víctimas y contra la COPE ha alcanzado este mismo miércoles una nueva cota, con los insultos de El País a Federico Jiménez Losantos, director de La Mañana –"bestia", "chiflado", "miserable"– y al presidente de la AVT –"desagradable lunático", "tosco demagogo", "viperino calumniador"–.