(Libertad Digital) El Gobierno tripartito de Cataluña lleva años pidiendo al Ejecutivo central que ponga coto a la autonomía de las comunidades para gestionar sus respectivas políticas fiscales. Unas presiones que resultan contradictorias en tanto en cuanto fue la propia Generalidad la que en 2004 pedía para Cataluña más autogobierno fiscal.
En cualquier caso, los precedentes de Madrid y Valencia que, en manos del PP redujeron los impuestos de sucesiones y donaciones, comenzaron a asustar a la Generalidad. El Gobierno de Montilla no tenía entre sus planes disminuir su recaudación por estos conceptos. Ya este verano, la fuga de empresas de Cataluña por la "competencia fiscal" era una evidencia. La Cámara de Comercio de Sabadell llegó a alertar en julio de un aumento de fugas de capitales y empresas de Cataluña hacia otras autonomías por motivos estrictamente fiscales.
Ahora, cuatro años después, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha cedido a la presión de Castells y Montilla. Tras reconocer como "natural" el deseo de Zapatero de eliminar el impuesto de patrimonio, ha negado la posibilidad de eliminar también el de sucesiones y donaciones. Solbes ha dicho que este impuesto "tiene unas características diferentes que recomiendan mantenerlo". A continuación daba las verdaderas razones. Su intención es evitar que la diferente aplicación de este impuesto entre las comunidades autónomas implique "ventajas fiscales" entre autonomías.
No obstante, Solbes ha querido rizar el rizo. Por un lado insiste en que se debe garantizar la capacidad normativa y fiscal de las comunidades autónomas mientras que por otro asegura que "otra cosa son los planteamientos encaminados a garantizar que abonarlo no conlleve que las empresas se vean afectadas".
Incluso ha citado el caso de Madrid como ejemplo de una de las comunidades que, sin suprimir este canon, ha reducido su cuantía "hasta el punto que no se paga". En este sentido, ha recordado la "capacidad normativa y fiscal" de estos gobiernos y las propias "demandas" de algunos de ellos acerca de "si ciertos elementos no deberían de ser comunes".
No obstante, ha puntualizado que el establecimiento de "mínimos" deberá ser "discutido en su día" con las comunidades en el marco del debate sobre la financiación autonómica y, pese a admitir que tienen competencias para "modificar ese impuesto", aclaró: "Lo que planteo es que la supresión total del impuesto, no".