L D (Europa Press) En una entrevista concedida a Europa Press, el secretario ejecutivo del PP en materia de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, exigió al Gobierno que se deje de "excusas" y "de una vez presente la demanda de ilegalización" contra ANV. En su opinión, en las próximas elecciones, los ciudadanos tendrán que elegir entre un PP que defiende la derrota de ETA y un PSOE que deja viva la expectativa de negociar con ETA.
En el aniversario del atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas, el responsable del área de Justicia e Interior del PP realizó un repaso a lo que ha sido, en su opinión, la política antiterrorista del Gobierno en esta Legislatura. "La Legislatura empezó mal en la lucha contra el terrorismo y termina mal", exclamó.
En este sentido, apuntó que con el triunfo del PSOE en las elecciones de marzo de 2004, se pasó de un escenario de "derrota de ETA a un escenario de negociación con ETA". Y, añade, "la Legislatura termina sin haber cerrado ese escenario de negociación", en referencia a que el Ejecutivo no ha querido revocar la resolución del Parlamento que permitía la negociación con la banda. Por ello, recalca que estos cuatro años de Gobierno socialista terminan "de la peor manera posible: manteniendo viva la expectativa de la negociación con ETA".
Según Astarloa, cuando finalizó la Legislatura popular en 2004 "estábamos en el camino del final de ETA" y se mostró convencido de que si se hubiera mantenido la política antiterrorista que puso en marcha el PP esta Legislatura "tendría que haber sido la del avance hacia el final de ETA".
Ahora, sostiene que lo "esencial" en el programa del PP es "volver" a la política que "estaba acabando con ETA". Para ello propone cuatro actuaciones. En primer lugar, "dejar claro que no se va a negociar con los terroristas". Como segundo paso, volver a la lucha antiterrorista "integral" que se estaba desarrollando "en el seno del Pacto por las Libertades y contra el terrorismo" y manteniendo la filosofía de que "todo el entramado de ETA forma parte de la misma organización".
ANV, cuestión de "voluntad política"
En tercer lugar, cree necesario "volver a la transparencia" en la lucha antiterrorista, ya que, precisa, "Zapatero no ha explicado por qué decía que no se negociaba mientras se estaba negociando" y tampoco ha explicado "qué se ha negociado". Y, finalmente, plantea "retomar la senda de la aplicación de la Ley al terror". En este sentido, afirma que uno de los "daños más graves" que se han producido en esta Legislatura ha sido la aplicación de la "ley según las circunstancias políticas".
Astarloa llama a esta forma de actuar la "doctrina Conde Pumpido" y dice que "se le ha dicho a los tribunales que tenían que dejar de aplicar la Ley porque estaba en marcha una negociación con los terroristas y se ha actuado en consecuencia". En este sentido, afirma que "se han buscado subterfugios" que han "minimizado" la aplicación de la ley en cada caso concreto y citó como ejemplo los casos de De Juana, Otegi o ANV.
Sobre este partido, el dirigente popular cree que no se ha actuado aún porque el Gobierno decidió propiciar un "escenario de negociación con la banda terrorista". Se mostró convencido de que el Gobierno ha tenido "desde el principio" elementos de juicio suficientes para instar a la ilegalización del PCTV y ANV. Pero cree que no lo ha hecho por "intereses políticos en el escenario de la negociación".
En este sentido, afirmó que la "ilegalización de ANV no es una cuestión de dificultad jurídica por más que el Gobierno siga con la excusa de que sigue acumulando información". "Es una cuestión de voluntad política", exclamó y añadió que lo que pide es que "de una vez presenten la demanda de ilegalización de ANV". "Si se produjese la ilegalización, se podría aplicar el mecanismo local previsto en la Ley de Bases de Régimen Local de disolución de los ayuntamientos", precisó en alusión a la expulsión de los proetarras del consistorio.
El "presidente de la división"
El dirigente popular también quiso responder a la acusación que le ha lanzado el dirigente socialista, Alvaro Cuesta, de que el PP utiliza la crispación para hastiar a los ciudadanos y conseguir que la participación en las elecciones sea baja, por entender que les beneficia.
Rechazó esta acusación asegurando que "los eslóganes del PSOE son lo poco que le queda al Gobierno de Zapatero después de una Legislatura tan estéril como la que estamos ahora terminando". En este sentido, afirmó que ésta ha sido la "Legislatura de la división" y culpó a Zapatero de ello, acusándole de haber roto los consensos de "forma voluntaria, consciente y querida, en la idea de aislar al PP mediante un acuerdo de cambio de régimen entre el PSOE y los nacionalistas, incluidos los más radicales". La conclusión de Astarloa es que Zapatero es el "presidente de la división".