L D (Agencias) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no va a permitir que "ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales" en el marco del proceso abierto en relación a las actividades presuntamente ilegales de algunas clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
"Si se constata que se están vulnerando derechos no lo vamos a tolerar, porque el Gobierno tiene que garantizar y vamos a garantizar los derechos de las mujeres a su intimidad y los a que puedan ejercer en el ámbito de una ley que está en vigor lo que la ley les protege", dijo la vicepresidenta en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.
En este sentido, añadió que el Ejecutivo garantizará "que no se vulneren derechos fundamentales de las mujeres por parte de nadie, ni de las administraciones ni de ningún otro poder del estado".
Así, la vicepresidenta indicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado órdenes a la Fiscalía para que "se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto. Además, aseguró que el Ejecutivo hará "que la ley se cumpla" para que "las clínicas que tienen las autorizaciones para practicar interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley puedan también ejercer sus derechos, su profesión, sin intimidación, sin amenazas, sin coacciones".
"Abrir un debate"
Por otra parte, De la Vega anunció que esta semana se reunirán en Madrid representantes de las clínicas con los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Sanidad, Bernat Soria, en un encuentro del que el fiscal general del Estado estará "atento y vigilante". "No vamos a tolerar que se vulneren los derechos de ninguna persona, y vamos a hacer que la ley se cumpla", insistió.
"Esto es lo más importante, porque a mí me preocupa muchísimo y yo, en la medida de mis posibilidades como vicepresidenta del Gobierno, no voy a permitir que ninguna mujer vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley", agregó.
De la Vega reiteró que en la agenda del Gobierno "no está la reforma de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo", aunque señaló que sí que pretende "abrir un debate y una reflexión sobre una nueva ley de abortos, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva".
"Si las necesidades sociales son otras, hay que replantearla"
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que la ley del aborto no se ha mejorado porque hasta la fecha "no se ha sentido ninguna necesidad", lo que "no quiere decir que si deja de funcionar o las necesidades sociales son otras, haya que replantearse la cuestión".
Preguntado acerca de la denuncia de Izquierda Unida y las clínicas abortistas sobre que se está produciendo una caza de brujas, Bermejo declaró que "cuando hay unas investigaciones judiciales en marcha lo mejor que puede hacer el ministro de Justicia es observar, estar enterado, pero estar en silencio porque hay que respetar la actuación de los jueces".
En cualquier caso, sostuvo que "parece existir en este momento un movimiento contra la propia legalidad del aborto", a su entender, "lógico", puesto que "es un tema conflictivo y discutido". "Cada vez que se acercan las elecciones suele haber movimiento. En ese contexto, puede que entendamos mejor lo que ocurre", concluyó.
Chaves no descarta una modificación futura
El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, apostó por el mantenimiento de la actual Ley del Aborto, ya que, a su juicio, su normativa resuelve los problemas derivados del derecho de las mujeres a la maternidad o a la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, no descartó una modificación futura para convertirla en una ley de plazos.
Durante su participación en el desayuno informativo que organizó Nueva Economía Forum, el dirigente andaluz mantuvo que la Ley vigente "resuelve prácticamente todos los problemas que se puedan derivar del derecho de las mujeres de interrumpir voluntariamente el embarazo" y no vio que, por el momento, se planteen "problemas graves que puedan incidir negativamente en el ejercicio de ese derecho". "Hay que dejar la ley como está", según sostuvo el presidente andaluz, que reconoció que la posible modificación es un tema debatido "dentro del partido".