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Queridos amigos.
 
Ahora hay que recuperar el tiempo perdido.
 
Nuestros policías y guardias civiles han empezado a hacerlo con acciones brillantes, evitando, como siempre, mucho sufrimiento.
 
Pero es necesario que el Estado ponga toda su capacidad en acabar con el terror, desarrollando una política antiterrorista integral, decidida e inequívoca.
 
Para empezar, los terroristas deben salir inmediatamente de las instituciones a las que se les ha permitido volver.
 
La Ley de Partidos Políticos debe aplicarse en su integridad.
 
Se inaplicó, abiertamente, con el PCTV, negándose el Gobierno a impugnarlo ante el Tribunal Supremo, antes y después de las elecciones vascas.
 
Pero fue peor después, cuando se permitió a ANV presentarse en las pasadas elecciones municipales y forales mediante una operación de ingeniería legal y política que impugnó alguna de sus candidaturas y autorizó la presentación de otras.
 
Incluso se llegó a la lamentable situación de ver cómo se tomaba el pelo a los ciudadanos permitiendo que ANV presentara a un mismo candidato a un Ayuntamiento y a un Parlamento, y que en un caso fuese legal y en otro ilegal. No hay precedentes. No hay un lugar en el mundo en el cual un partido político sea ilegal en un Ayuntamiento y legal en el Ayuntamiento vecino. No se es posible. No solo es una burla política, no solo es una burla a las personas, es una burla al Estado de derecho, a la Ley y al ordenamiento jurídico.
 
Hemos pedido hasta la saciedad la iniciación del proceso de ilegalización de ANV y PCTV. Lo hemos hecho en innumerables ocasiones. La última este mismo mes de enero cuando hemos forzado la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para que se iniciara el procedimiento. Perdimos la votación y el Gobierno de España y el PSOE dijeron que no había pruebas suficientes para iniciar la ilegalización del PCTV y de ANV.
 
Hoy, el ministro de Justicia ha dicho que el próximo viernes el Consejo de Ministros iniciaría el proceso para ilegalizar al PCTV, años después, y a ANV.
 
Se debió haber hecho antes. Se ha jugado con la Ley, no se les ha dicho la verdad a los españoles. Ahora reconocen que han usado la Ley a su antojo, a su libre albedrío, que han jugado con la Ley.
 
Ahora reconocen que quienes pedían, que eran la mayoría, quienes pedíamos, que era el Partido Popular, la ilegalización del PCTV y de ANV teníamos razón.
 
Nos queda la satisfacción de haber dicho la verdad a los españoles. La ética y la verdad, y no los enjuagues ni los falsos atajos es lo que servirá para acabar con el terrorismo.
 
En cualquier caso, aunque tarde, bienvenido sea. Nunca el PCTV y nunca ANV debieron estar en las instituciones. Ahora van a seguir, pero al menos espero que se impida que vayan a las elecciones generales. Yo desde luego, garantizo que conmigo no volverán ni a las elecciones municipales, ni al Parlamento nacional ni a ninguna institución pública hasta que ETA se disuelva y termine con su actividad criminal.
 
Pero aún quedan cosas por hacer.
 
Si ya fue insólito que el Congreso aprobase una resolución que autorizaba el diálogo con los terroristas, es más grave aún que ahora, cuando se ha roto la tregua y fracasado el proceso impulsado por el gobierno, todavía se mantenga en pie esa autorización.
 
He pedido hasta el último minuto de la Legislatura que se revoque. Lo he hecho llevado por lo que creo que es una necesaria reparación a la dignidad de nuestra Democracia y de su institución parlamentaria. Lo he hecho porque creo que los terroristas deben saber que gane quien gane las próximas elecciones, nunca podrán esperar que se reabra esa negociación.
 
Lamento que se mantenga la ambigüedad y la incertidumbre.
 
Lamento que los terroristas no hayan recibido un mensaje inequívoco de unidad al respecto.
 
Ir a unas elecciones manteniendo esa puerta abierta al diálogo con ETA resume, tristemente, lo que ha ocurrido en esta Legislatura.
 
En lo que a mí respecta, creo que dejar abierta la expectativa de ese diálogo mantiene viva la esperanza de los criminales de que obtendrán lo que persiguen si perseveran en el  terror.
 
Por eso, en lo que a mí atañe como candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno de España, quiero anunciarles mi compromiso ante los ciudadanos de que propondré en el próximo periodo de sesiones del Congreso una declaración institucional en la que se manifieste la voluntad inequívoca de nuestra democracia de que no existirá en el futuro ninguna negociación con ETA.
 
Queridos amigos.
 
Esta es la principal, pero no la única, de las cuestiones que creo que permanecen pendientes.
 
Después de la experiencia vivida durante esta legislatura, creo que es obligado también que se restaure el prestigio y la fortaleza de la ley.
 
Creo firmemente en la ley democrática; en su aplicación sin margen alguno para el fraude, la impunidad o el desafío. Y creo, además, que nada hace más daño en la lucha contra los criminales que prescindir de la ley o manipularla a conveniencia política.
 
Me preocupan las secuelas que deja pedir a los aplicadores de la ley que la aparquen.
 
Me preocupan las consecuencias de haber pedido también que se flexibilice la vigencia de la ley en aras a determinadas circunstancias políticas.
 
Me preocupan las filtraciones que impiden operaciones policiales y que no sean depuradas las responsabilidades que se derivan de ello.
 
Me preocupa que se permitan manifestaciones proterroristas, congresos de relegalización, beneficios penitenciarios o puestas en libertad, apelando a los derechos individuales de los criminales.
 
Me preocupan las reuniones con un partido ilegalizado desafiando las resoluciones del Tribunal Supremo y, además, que se haga con fotógrafos y cámaras de televisión inmortalizando el momento.
 
Pero me preocupa todavía más que se diga desde el gobierno de España que a nuevas circunstancias, nueva ley, como si esto fuese lo normal.
 
Amigas y amigos,
 
No es tolerable en términos de ética democrática que de un día para otro un “hombre de paz” vuelve a ser un delincuente; que la izquierda abertzale pase a ser Batasuna; que quien chantajeaba al Estado de Derecho con una huelga de hambre ya no requiera medidas humanitarias. Lisa y llanamente no es tolerable.
 
Los ciudadanos no pueden recibir el mensaje de que para el gobernante, la Ley –con mayúsculas democráticas- es un instrumento de ocasión que puede utilizarse al antojo o dejarse dormir en un cajón según los intereses del momento.
 
Cuando se actúa así, se daña directamente la credibilidad y la legitimidad del Estado Democrático de Derecho.
 
Pues bien, la lucha antiterrorista debe recobrar credibilidad.
 
Para ello se requiere no salirse nunca de la ley y también actuar permanentemente con transparencia.
 
Hay que poner en conocimiento de la opinión pública las actuaciones del Estado y decirles a los ciudadanos la verdad.
 
En estos años, se ha negado falsamente que se negociase algo.
 
Ni siquiera el atentado de la T-4 cambió esta actitud tal y como ha reconocido el propio Presidente del Gobierno. En este sentido, es un hecho gravísimo admitir en un periódico –tal y como ha hecho el Sr. Rodríguez Zapatero- que autorizó continuar la negociación con ETA después de los asesinatos de Barajas, mientras decía en el Congreso exactamente lo contrario.
 
Nunca antes se había producido semejante impostura, semejante ceremonia de ocultación, semejante desprecio a la lealtad que un gobernante debe a los gobernados. Si era noble como dice ¿por qué ocultarlo mentir? Si era encomiable ¿por qué mentir? y si era digno ¿por qué ocultarlo a la opinión pública hasta el límite de falsear la verdad en sede parlamentaria?
 
Amigas y amigos,
 
Mantener la negociación abierta después de un atentado no es una causa noble, ni digna ni encomiable. Más bien es una inconcebible contumacia que la gente rechaza abiertamente. Por eso este Gobierno se ha visto obligado a no decir la verdad.
 
Es preciso recuperar la ley y la verdad.
 
Como es preciso recuperar también la estrategia antiterrorista integral, que trate a la banda como el entramado complejo que realmente es, y aísle a los violentos y a quienes justifican y apoyan la violencia.
 
Es preciso perseguir con toda intensidad la financiación del terrorismo, atacando todas sus fuentes y canales, incluidas la extorsión mafiosa y la captación directa o indirecta de recursos públicos.
 
Es preciso rescatar la cohesión social sobre los principios que llevaron a la organización terrorista al momento más crítico de su historia criminal.
 
Es preciso poner fin, rotundamente, a las cesiones, las ambigüedades y las expectativas.
 
Hay un importante trabajo por delante.
 
Es hora de que, unidos contra esta pesadilla, lo llevemos a cabo todos juntos.
 
Unidos tenemos que fortalecer los mecanismos de prevención y represión frente a todos los terrorismos.
 
Debemos aprobar todas las reformas que sean necesarias –entre otras la no prescripción de los delitos de terrorismo– con el objetivo de impedir a los terroristas la más mínima impunidad.
 
Hemos de garantizar que ni un solo euro de los impuestos de los españoles financie a los terroristas y su entramado. Debemos incrementar los medios y la motivación de las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializadas en terrorismo. Tenemos que retomar la iniciativa para multiplicar la cooperación internacional contra el terrorismo y contrarrestar su propaganda en los foros internacionales.
 
Hay que aprobar la Ley de Víctimas que éstas reclaman desde hace tanto tiempo.
 
No consideramos otra alternativa posible que la vuelta a la política de la derrota definitiva del terror con las únicas armas posibles en una sociedad abierta, que son las que suponen nuestra superioridad moral: la ley democrática, la libertad y la justicia para las víctimas.
 
No aceptamos otro final que la disolución de la banda de criminales y la solicitud de perdón de los asesinos a las víctimas. Para acabar con el terror, todas las víctimas y todos los ciudadanos españoles cuentan con el compromiso del Partido Popular. Allí donde podamos aportar nuestro esfuerzo en la lucha contra el terror, allí vamos a estar.
 
Estoy absolutamente convencido de que con los valores irrenunciables de la democracia y con la determinación y la legitimidad inmensa que proporciona la voluntad de toda una sociedad de acabar con el terror es posible y seguro el final del terrorismo.
 
A eso vamos a aplicarnos. Vamos a olvidar el pasado por triste y duro que haya sido. No hubo nada más eficaz que aquella política que solo decía dos cosas: no vamos a negociar nunca con los terroristas gobierne quien gobierne en España, porque así le quitamos la única esperanza que tienen de lograr sus objetivos políticos.
 
Y vamos en segundo lugar a aplicar la Ley, a reformarla cuando haga falta porque así se ganará esta batalla.
 
Ha habido un paréntesis en la lucha eficaz contra el terrorismo, pero estoy convencido de que todos, incluso los que tomaron decisiones lamentables a lo largo de los últimos años se van a apuntar a lo que quiere todo el mundo.
 
Derrotar a ETA.
 
Muchas gracias.

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