LD (V. Gago) El fallo sobre la llamada Ley de Cuotas, adelantado o filtrado este martes por el Constitucional, ayuda oportunamente a precalentar la Jornada de Reflexión, al servicio del PSOE. Su instilación en el tímpano de la Opinión Pública, inflamado de mentiras pero groggy de promesas, es una certera gota de ricino en el cerumen bilioso y atormentado de los que, y las que, se echarán a la calle el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora a inducir por asfixia o por bramido el voto para el PSOE, y se desconoce, a la hora de cerrar esta edición, si también a cercar otra vez las sedes del PP, esta vez con el pretexto de que se opone a la igualdad de las cuotas, uno de esos derechos de ciudadanía incorporados por Zapatero al acervo de republicanismo cívico. Sería un milagro, si no fuera antes una virtud republicana que, después de estos cuatro años de detenciones, escupitajos, amenazas y agresiones a afiliados del PP –siempre replicados con sobrias ofertas de consenso de Rajoy– todavía sean necesarios pretextos para poner al PP y a diez millones de españoles con la cabeza en el retrete.
El fallo del Tribunal Constitucional ya está en las portadas amigas, debidamente manipulado antes de conocerse la sentencia. Para cuando ésta se publique, la jurisprudencia mediática ya habrá dictado cómo hay que interpretarla. ¿A quién le importan las sentencias, habiendo filtraciones?
La escuela realista –mayormente escandinava y americana– sostiene que el Derecho no sólo es la norma vigente aquí y ahora sino, sobre todo, "la sentencia dictada aquí y ahora", es decir, lo que dicen los jueces sobre cómo interpretar las normas. La España de ZP puede presumir justamente de haber aportado una variante a esta corriente positivista: "Justicia es lo que dice El País sobre lo que le adelanta el Tribunal Constitucional acerca de las sentencias que aún no se conocen". ¿Hay algún otro país libre en el que un alto tribunal adelante o filtre un fallo judicial para ser analizado, comentado y pregonado, sin que se conozcan los fundamentos jurídicos y argumentos de su decisión?
Pero, bien pensado, se trata del mismo Tribunal que perpetró el escándalo del "fallo informático" con la sentencia sobre ANV dictada en la larga madrugada del pasado 10 de mayo.
Recuérdese, porque conviene no olvidarlo: la sentencia había sido redactada por consenso del Pleno, en unos términos concretos, y fue difundida a la prensa en otros muy distintos, incluyendo un argumento crucial que legitimaba la política del Gobierno favorable a la presencia del partido de ETA-Batasuna en las instituciones, y desautorizaba en este punto la sentencia sobre el mismo caso dictada unos días antes por el Supremo.
Aquella sentencia adelantada o filtrada –lo mismo da, tratándose de este TC– sutuvo que habría sido desproporcionado prohibir todas las listas de ANV; una conclusión que el Gobierno no tardó en apropiarse como arma arrojadiza contra los que –Tribunal Supremo incluido– sostenían que ANV es Batasuna-ETA y que no se puede considerar ilegal la mitad de un partido y legal, la otra mitad.
El Supremo había dicho que sólo podía prohibir –como así hizo– la mitad de ANV que la Fiscalía de Conde-Pumpido –la de las togas manchadas por el polvo del camino, en su propia definición– le había puesto sobre la mesa, pero no actuar de oficio contra la otra. Esa observación dejaba en muy mal lugar al Gobierno. Lo desenmascaraba en su voluntad de retorcer las leyes para favorecer a ETA.
Así que el Tribunal Constitucional remató el trabajo y emitió el juicio sobre lo desproporcionado de prohibir todas las listas de ANV. No había acuerdo del Pleno, y la presidenta María Emilia Casas decidió ofrecer el sacrificio de esa referencia, a cambio de conseguir una sentencia por unanimidad. Pero la sentencia filtrada a la prensa conservaba la polémica jurisprudencia que implicaba un respaldo pleno a la política de cesión del Gobierno a los terroristas. Algunos magistrados repararon en el escandaloso incumplimiento del acuerdo. Para cuando la Presidencia del Tribunal emitió una nota atribuyéndolo a "errores informáticos", la agencia gubernamental Efe, los medios pro-gubernamentales y el mismo Gobierno ya habían pregonado el argumento espureo.
Ahora que el Gobierno está interesado, justamente, en promover la "desproporcionada" ilegalización de todo ANV, será interesante conocer el nuevo criterio de Sus Señorías.
La historia se repite, con la resolución sobre la llamada Ley de Cuotas. El recurso tiene su origen, paradójicamente, en el intento del PP de presentar una lista sólo de mujeres en Garachico (Tenerife), en las elecciones locales y autonómicas del pasado 27 de mayo. La Junta Electoral lo impidió, a instancias del PSOE, y los populares lo recurrieron, hasta llegar al Tribunal Constitucional.
La resolución, relativamente rápida si se compara con el estancamiento del caso del Estatuto Catalán, cuyo recurso es anterior al de la Ley de Cuotas, llega oportunamente para proporcionar al PSOE un argumento de manipulación de la Jornada de Reflexión, no directamente, claro –no son tan estúpidos–, sino a través de todas sus organizaciones satélites. Se comprende, ahora, por qué Zapatero ha fijado las Elecciones Generales precisamente el 9 de marzo. Necesitaba otra víspera caliente.
La filtración del Tribunal Constitucional adelanta algo muy útil: el lema de las manifestaciones del 8 de marzo.