L D (Pedro de Tena) La Audiencia de Sevilla, tras años horribles, le dio la razón a la madre e impuso el pago de 1,7 millones de euros como indemnización a la Junta de Andalucía. Esta recurrió la decisión y ahora el Tribunal Constitucional falla a favor de la madre de Iván y Sara. Undécimo fallo a su favor en este tortuoso proceso. ¿Cuál es el problema? Que Carmen Fernández no puede enterarse de este fallo porque ha muerto. Murió el pasado 7 de diciembre. Y un muerto, claro está, no puede cobrar indemnizaciones. Pero tiene herederos y entre ellos, Iván y Sara.
La Junta de Andalucía retiró los hijos —entonces de 4 y 5 años— a Carmen por considerarla alcohólica. A pesar de haberse rehabilitado totalmente, en 1998 la Consejería de Asuntos Sociales decretó el desamparo de los pequeños y automáticamente inició los trámites de preadopción por una familia de Dos Hermanas. Dos años después y cuando daban por muerta a su madre, tal como les comentaron en el último centro de acogida antes de entregarlos a los padres preadoptivos, los niños se reencontraron con Carmen en la Audiencia Provincial que determinó que los niños debían volver con su madre biológica.
El juez de familia competente en el caso, Francisco Serrano, decretó un programa de acercamiento entre madre e hijos previo a la entrega definitiva que nunca se produjo. Dos años después la Audiencia insistió sin éxito en que se efectuara la entrega inmediata de los niños y daba como probado que Sara e Iván estaban siendo influenciados negativamente por la familia de acogida. En 2002 la misma instancia judicial determinó la imposibilidad legal de devolver la custodia de sus hijos a Carmen e instó a determinar la indemnización. Más tarde, Sara decidía volver con su madre, pero muy poco quedaba de aquella niña de cinco años.
El juez de Familia y la Junta recurren la petición de 2,1 millones que reclama el abogado de Carmen, el Juzgado la sitúa en 72.670 euros, los abogados de la Administración creen que la indemnización no debería de superar los 60.000 euros, entre otros motivos porque Carmen se había ahorrado durante muchos años la manutención de sus hijos . En 2005 la Audiencia de Sevilla, en una sentencia inédita en España, concreta la indemnización en 1,7 millones de euros.
La consejera de Igualdad y Asuntos Sociales, Micaela Navarro, admite pagar la indemnización, pero un mes después y a pesar de las recomendaciones en contra de la Fiscalía presenta el recurso que acaba de perder ante el Constitucional. El fallo del Alto Tribunal respalda por tanto aquella sentencia de 2005 que textualmente reconocía el
"tortuoso calvario" que había padecido Carmen, hasta el punto de que los magistrados consideraban que el cáncer que se la había diagnosticado era "consecuencia directa o indirecta del sufrimiento soportado durante diez años".
Este no es el final de una triste historia. Queda por concretar quiénes se repartirán los 1,7 millones de euros que engrosarán la hasta hace poco mísera herencia de Carmen Fernández.
En rueda de prensa, según Europa Press, el abogado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, criticó que el "culpable principal y originario de esta situación es, sin ningún género de dudas, la Junta de Andalucía". El TC ha rechazado la demanda de amparo interpuesta por la Administración Pública, por lo que el auto de la Audiencia de Sevilla "se queda en sus justos términos".
"Si Carmen estuviera viva cobraría el dinero de inmediato", aseguró Velamazán, quien precisó que "ahora hay que esperar a ver el testamento" que dejó su cliente. El letrado, que indicó que todo el "tortuoso calvario" recorrido le provoca una mezcla de "alegría, pena y asco", sostuvo que "con ésta son ya once las resoluciones dictadas a favor de
Carmen en su lucha hasta la muerte".
Según relató ayer su abogado, Carmen dejó testamento, aunque desconoce el contenido del mismo. Un tercio de la totalidad de la herencia se repartirá a partes iguales entre los cuatro hijos de Carmen. Además de Sara e Iván, hay dos hijos varones de una relación anterior que residen en Madrid y que cuentan actualmente con 25 y 27 años.
Otro tercio, conocido como el de mejora, podría repartirse a criterio de la fallecida entre sus hijos y el último tercio sería heredado a criterio exclusivo de la testamentaria.
Abiertos quedan también otros recursos pendientes en esta dilatada lucha judicial que podrían engrosar la carpeta de sentencia ganadas por Carmen. Una demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, otra ante el Supremo por error judicial ante la supuesta retención indebida del dinero de la indemnización por el Juzgado de Familia y un recurso ante el Superior de Justicia de Andalucía por reclamación patrimonial a la Junta que podría elevar a 2,1 millones la indemnización definitiva.