L D (Agencias) "Reforzaremos sobre todo el papel de las víctimas para que tengan mucho más peso sobre las resoluciones", aseguró Astarloa en una charla informativa para periodistas, en la que explicó que "las víctimas tendrán que ser escuchadas por el juez antes de que éste decrete la libertad condicional de cualquier acusado".
Esta medida se incluye dentro de uno de los tres pilares sobre los que el PP fundamentará sus propuestas de justicia, en concreto, la cuestión de las víctimas corresponde al apartado denominado 'Justicia al servicio del ciudadano y protección de las víctimas'.
En ese sentido, además del requisito necesario de ser escuchadas, el PP desplegará una "Oficina de Atención a las Víctimas del Delito así como "equipos psicosociales" y "puntos de encuentro familiar.
Para llevar a cabo estas propuestas, el PP anuncia que llevará a cabo una reforma del Código Penal, de la Ley General Penitenciaria y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En relación a esta última, el objetivo es evitar que el peso de la instrucción recaiga sobre el fiscal tal y como ha propuesto en diversas ocasiones el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
"Esta era la legislatura para haber hecho esta reforma", lamentó Astarloa, quien declaró que el objetivo del PP es "mantener un modelo de investigación por medio del juez instructor, en contra de lo que quiere el PSOE, que busca dar protagonismo al fiscal porque, a partir de la reforma del Estatuto Fiscal, al final va a ser el Gobierno el que decida".
"Eso es inaceptable", apostilló Astarloa, quien anunció que "en cuanto el PP gane las elecciones, al minuto siguiente volverá a modificar esa reforma del Ministerio Fiscal dándole una unidad jerárquica en contra de la idea de establecer 17 fiscales generales distintos".
Autoridad del juez
El PP abogará por mantener la autoridad del juez instructor como titular de la investigación y además establecer la obligatoriedad de que el magistrado informe periódicamente a la Sala sobre la marcha de las indagaciones. Asimismo, el PP introducirá como novedad que la instrucción sea "sometida a plazos" para limitar su duración a lo estrictamente necesario. "Solo en algunos casos concretos se podrán crear equipos conjuntos de instrucción", dijo.
Astarloa se refirió a la paralización de algunas instituciones judiciales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace más de un año– o el Tribunal Constitucional (TC). El dirigente popular culpó a los socialistas de la situación actual y como alternativas anunció que el PP introducirá que los magistrados del TC deberán presentar una trayectoria de al menos 30 años en la carrera judicial –actualmente son 15– y una vez elegidos para el cargo lo mantendrán de manera vitalicia.
"Es una manera de garantizar la independencia ya que tras 30 años de carrera y con cargo vitalicio los magistrados no tendrán que pensar en qué van a hacer cuando dejen su cargo al mismo tiempo que dictan sentencias", argumentó.
Para ello, es preciso también llevar a cabo una "reforma profunda" de este tribunal (TC), que los populares pretenden incluso introducir en la Constitución. Sin embargo, y también como novedad, el PP elevará el consenso necesario para llevar a cabo esta reforma a 3/5 del Congreso de los Diputados.
Asimismo, el principal partido de la oposición también emprenderá medidas en lo que se refiere a los recursos de inconstitucionalidad. "No podemos estar esperando cinco o siete años a que el TC decida sobre un recurso de inconstitucionalidad, hay que tasar los plazos y estos serán de un año como máximo y, en el caso de los recursos previos, seis meses", explicó Astarloa, quien puso como ejemplo lo sucedido con el recurso de inconstitucionalidad presentado hace dos años por el PP en contra del Estatuto catalán. "Pensemos en todo lo que nos podríamos haber ahorrado si el TC hubiese denegado el Estatuto de Cataluña", dijo.
Por su parte, en cuanto al CGPJ, la medida más novedosa es que, en caso de que el PP gane las elecciones, los jueces serán elegidos por los propios jueces. "Se acabó que el Parlamento elija a los jueces", enfatizó Astarloa, quien matizó que no serán tampoco las asociaciones judiciales las que designarán a los magistrados. "Serán elecciones libres con presentación de candidaturas que no estarán limitadas a la pertenencia a una asociación", explicó.
Ley del menor
Una de las medidas que más reacciones ha generado de las planteadas por el PP ha sido la de ampliar de los 14 a los 12 años la edad hábil para aplicar la legislación del menor. Astarloa quiso aclarar que esta propuesta "no significa como dicen Zapatero y Rubalcaba que se vaya a aplicar el Código Penal a niños de 12 años, sólo queremos que se le aplique la responsabilidad penal por medio de la Ley del Menor".
"El objetivo es que entren en el circuito de la reeducación lo antes posible con medidas como el internamiento en centros especializados", insistió el dirigente popular quien lamentó que "la delincuencia juvenil está creciendo una barbaridad en los últimos años".
El programa popular de Justicia se integra en tres ejes. Además del apartado destinado a las víctimas, el partido y también hace especial hincapié en una 'Justicia única, independiente, eficaz y responsable', en la que los jueces ingresarán a la carrera mediante oposición, "manera más efectiva para medir el mérito", donde "el conocimiento del catalán o el vasco no será un requisito sino un mérito más" y una Justicia en la que se reformará el Código Penal para que las sentencias "no puedan ser discutidas y se dé debida respuesta a quienes las desobedezcan".