L D (Europa Press) El letrado, que ha solicitado ser indemnizado con 4.000 euros, reprocha a los socialistas haber prometido "una mayor exigencia de responsabilidad a jueces y magistrados" a los que luego, sin embargo, concedió "el estatus de inviolables y no sujetos a la responsabilidad judicial".
En un auto al que tuvo acceso Europa Press, el juez se declara "competente" para conocer de esta demanda y da un plazo de 20 días a la representación legal del PSOE para que comparezca en el juzgado al objeto de personarse en la causa. "Si no comparece dentro de plazo –advierte–, se le declarará en situación de rebeldía procesal".
En noviembre de 2006, el Juzgado de Primera Instancia nº 46 ya desestimó una primera denuncia por la misma causa. Mazón recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en julio de 2007 declaró la "nulidad" de todas las actuaciones, al considerar que esta causa era "competencia de los Juzgados de lo Mercantil".
En enero pasado, el abogado acudió a esta instancia judicial para cursar esta nueva demanda. En ella alega que el PSOE, en su programa electoral para las elecciones de 2004, "prometía una mayor exigencia de responsabilidad de los jueces y magistrados y, sin embargo, posteriormente, contradiciendo lo anunciado, se elaboró y se aprobó a propuesta del Gobierno sustentado por este mismo partido un proyecto de reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) que concedía a los magistrados de este tribunal status de jueces inviolables no sujetos a responsabilidad judicial por los delitos e infracciones cometidos contra sus deberes profesionales".
"Este proyecto recientemente se ha convertido en Ley Orgánica en vigor consumando de todo punto la violación de la publicidad", añade Mazón en su escrito, en el que cita expresamente los puntos en los que ,a su juicio, el PSOE incurrió en un delito. Concretamente hace referencia a cómo en el programa se incluía la promesa de que "los juicios por delitos de faltas cometidas por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones serán competencia del Jurado".
Artículos 4 y 22
En este sentido, el abogado indica que "los artículos que contradicen la publicidad electoral de la responsabilidad judicial son el 4, que dice que "las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado", y el 22, que apunta que "serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta ley establece, ni encausados ni perseguidos por las opiniones expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones".
La demanda recuerda además que "no existe en la ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) artículo alguno que excluya a los partidos de la regulación legal de la publicidad", por lo que opina que "carece de lógica que los partidos queden sustraídos a sus valores de veracidad y lealtad en particular cuando ejecutan actos contrarios a las promesas electorales".
Mazón subraya su "interés legítimo" en esta cusa dado que, según recuerda, es parte demandada en el recurso de amparo interpuesto por el ex presidente del TC Manuel Jiménez de Parga y otros diez magistrados de este tribunal (incluida la actual presidenta María Emilia Casas) dirigido contra la sentencia del TS, que en enero de 2004 les condenó a instancias del propio abogado por inadmitir un recurso de amparo sin examinarlo.