(Libertad Digital) Los 9.500 funcionarios en huelga, pertenecientes a siete comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares) además de Ceuta y Melilla, afecta también a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil, los Juzgados de lo Contencioso y el Instituto Nacional de Toxicología. Los sindicatos reclaman el mismo salario que cobran sus compañeros en las autonomías con las competencias de Justicia transferidas (que ganan de media 2.400 euros más anuales).
Según reconoce este periódico, la huelga de funcionarios "está añadiendo más 'madera' a uno de los males endémicos de los tribunales: la lentitud". Esta mala imagen causa preocupación dentro del gremio. El vocal del CGPJ, José Luis Requero, en declaraciones a La Razón, achaca lo ocurrido a la "autonomización", que acarrea que "se trate de distinta forma a funcionarios que realizan las mismas atribuciones".
Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la "cicatería" del Ministerio es la culpable. De paso, la APM ha recordado a este periódico que los salarios de jueces y fiscales sólo han subido este año un uno por ciento pese a la inflación del cuatro por ciento.
Sea como fuere, los retrasos acumulados van a ser "muy importantes" y se necesitarán varios meses para recuperar el trabajo paralizado. El Ministerio de Justicia realizó el pasado viernes, tras una reunión de más de cinco horas, una última oferta sobre la que los cuatro sindicatos convocantes (UGT, CC OO, CSI-CSIF y STAJ) deberán pronunciarse mañana, lunes.