LD (V. Gago) El presidente andaluz no ha recibido de buen grado la sentencia del TSJA, conocida este miércoles, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.
Manuel Chaves ha sugerido que el Tribunal ha pretendido "interferir" en la campaña electoral, calificó de "profundamente conservadora" la sentencia y ha anunciado que su departamento la recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Chaves ha elegido el método de tirar la piedra y esconder la mano para comentar el fallo judicial: "Alguien podría sospechar, yo no lo sospecho, que puede haber alguna interferencia en la campaña".
En Almería, chaves ha señalado que la sentencia del Alto Tribunal andaluz es "profundamente conservadora" y que la Junta la recurrirá para que sea el Supremo la instancia que "tome la última decisión, porque hay sentencias contradictorias", según dijo, refiriéndose a otras resoluciones de Cataluña y Asturias que nada tienen que ver con la materia juzgada en esta resolución del Tribunal andaluz y que, por tanto, son incomparables.
Chaves, notoriamente molesto con la sentencia, ha declarado que "no entiendo cómo no se puede enseñar en los colegios públicos" los preceptos constitucionales, algo que Educación para la Ciudadanía desborda para entrar en el terreno de la formación en valores e ideología, tal y como ha puesto de manifiesto el TSJA en su sentencia.
Chaves ha lamentado la actitud del TSJA y afirma que "se podía haber tenido un poco más de sensibilidad" porque "casualmente", dijo, la sentencia "sale al día siguiente del debate entre Rajoy y Zapatero, y uno de los temas del debate fue precisamente ése".
"La sentencia sale en plena campaña electoral, se podía haber tenido la sensibilidad de esperar al final de la campaña", ha comentado.
Chaves ha indicado datos falsos sobre la objeción de conciencia en Andalucía, reduciéndola a 400 expedientes, un dato que difiere profundamente de los datos manejados por el movimiento cívico de objeción de conciencia a la nueva asignatura. En el conjunto de España, ya son más de 23.000 las declaraciones de objeción presentadas.
En Castilla-La Mancha, otra Comunidad gobernada por el PSOE, la reacción ha sido distinta. Su Junta ya había decidido aplazar al próximo curso la implantación de la asignatura. Ahora, al conocer esta resolución, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Fermando Lamata, reconoció este miércoles que "cuando la sentencia sea firme, habrá que aplicarla".