(Libertad Digital) Según las declaraciones en el juzgado de Madrid del administrativo Julián García Parrondo, el médico abortista decidió prescindir de anestesista especializado para abaratar costes. La Razón señala que esta decisión causó una agria disputa con el ginecólogo Sánchez Morales que culminó con la baja en septiembre de 2007 y la posterior marcha de Ginemedex en noviembre del mismo año.
Los anestesiólogos, que cobran 225 euros por jornada laboral, eran requeridos por el médico ginecólogo, pero la intención de Morín era abaratar costes allá donde fuese posible. La Razón afirma que éste último niega la discusión con Sánchez Morales y la reduce a que "él tenía una opinión y yo otra": mantener en esos casos un médico especialista haría que todo se situara "en unas cifras diferentes que encarecería la atención a las pacientes". En los casos en que Morín estimaba que su presencia no era necesaria, los médicos generalistas podían sustituir su presencia.
Las interrupciones voluntarias del embarazo, señala el sumario que menciona La Razón, se venían efectuando en las gestantes de no más de seis semanas el método de aspirado, que requiere sólo de una sedación. No se comprobaban ninguno de los supuestos legales.
El sumario también menciona que el médico abortista también prescindía de radiólogos para ecografías, y que los colaboraciones de Morín que ejercían de ginecólogos carecían de la titulación suficiente: "no estaban habilitados para ejercer como tales en España", revela el sumario de la investigación. De esa manera, Mariano Cavenecia, Marcial Rodríguez, Dimas Camejo y Pedro Ávila desempeñaban unas labores que no les correspondían.
La Razón señala que "se emitían dictámentes médicos psiquiátricos presuntamente falsos al no preceder examen real de las embarazadas", llegándose también a no emitir factura ninguna de las intervenciones con la excusa de que eran "ilegales": su único requisito era acudir en ayunas a la clínica a primera hora de la mañana.
Clínica sin licencia
Las presuntas irregularidades de Ginemedex no acaban ahí: una de las clínicas de Barcelona, la situada en la Vía Augusta 281-285, carecía de la licencia de apertura obligatoria, según un informe de la Dirección General de Recursos Sanitarios de la Generalitat.