L D (Europa Press) Los ginecólogos que trabajaban para Carlos Morín en las clínicas abortistas barcelonesas investigadas por prácticas ilegales cobraban más de 8.000 euros mensuales por realizar su actividad, pese a saber de que lo hacían con un riesgo verdadero de cárcel. Esto supone un nuevo dato que se añade, entre otros, al hecho de que Morín prescindía tanto de colaboradores con la titulación adecuada como de anestesistas especializados en ciertos casos.
En nómina, estos especialistas podían cobrar entre 1.200 y 1.800 euros y el resto lo cobraban en negro al cabo del mes, puesto que los abortos de fetos en avanzado estado de gestación que no se adecuaban a la legalidad no eran declarados en las actas del centro, como tampoco se informaba a las autoridades sanitarias. Este dato está recogido en escuchas telefónicas incluidas en el sumario del caso instruido por el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona.
Los ginecólogos, que en algunos casos no disponían de la homologación oficial de su título en España, podían cobrar hasta 690 euros en negro por cada operación, mientras que la paciente podía llegar a pagar con 6.000 euros en metálico antes de la intervención.
El sumario también revela que parte de la citada cantidad también servía para pagar a los psiquiatras, los cuales en su declaración reconocieron haber firmado informes para dar cobertura legal a los abortos en avanzado estado de gestación sin haber visitado a las pacientes. Morín retribuía a estos especialistas con 3.000 euros mensuales.
Los anestesistas cobraban entre 90 y 120 euros por aborto. Se calcula que la clínica Ginemedex, una de las investigadas junto a TBC del grupo Barnamedic, practicaba una media de 30 o 40 abortos semanales, señaló el mismo Morín en su declaración ante la juez que instruye el caso, Elisabet Castelló. Por su parte, el testigo protegido aseguró que las clínicas de Morín realizaban otras 15 interrupciones del embarazo ilegales a la semana.
A raíz del reportaje en cámara oculta de una periodista danesa de la cadena pública DR, embarazada de siete meses a finales de 2006, Morín decidió no realizar más abortos fuera del plazo permitido por la ley en sus clínicas porque, según explicó el mismo testigo protegido, la información que trascendió a la opinión pública en octubre de ese año provocó miedo entre el personal de la clínica.
El nivel de ingresos económicos de las clínicas bajó en picado y, por este motivo, en enero de 2007 Morín decidió que volverían a realizar estas prácticas ilegales por parte de facultativos de confianza, que no gozaban de la titulación oficial para ejercer funciones de ginecología en España, porque el equipo médico titulado se negó a continuar, añadió el testigo protegido en su declaración.