(Libertad Digital) El diario de Prisa cuenta que el juez ha pedido a las autoridades de Liechtenstein el embargo de varias cuentas corrientes y sociedades que estarían a nombre de miembros de la red de extorsión de ETA investigada por Baltasar Garzón y encabezada por Joseba Elosua, dueño del bar Faisán que era el centro de operaciones de la trama.
Según El País, la banda terrorista, además de mantener el dinero en cuentas secretas, lo invertía en fondos que le permitían lograr una rentabilidad de hasta el 10 por ciento. El encargado de estas inversiones era Carlos Bellver, que se habría convertido en el asesor fiscal de la banda.
Para avanzar en sus pesquisas, Garzón habría pedido a Liechtenstein, además, información sobre las personas que abrieron las cuentas así como sobre los movimientos y cantidades de dinero depositadas en las mismas. Su objetivo es demostrar que ese dinero, como sospecha, procede en realidad de la extorsión a empresarios. Según el diario, el país aún no ha respondido a esta solicitud pero muestra "interés y colaboración en el caso".
Las "subterráneas iniciativas del Gobierno"
En manos de Garzón se encuentra también otra investigación relacionada con la trama de extorsión del bar Faisán, la del soplo a ETA, que continúa estancada después de que el caso pasara al magistrado. Joseba Elosua, el cabecilla de la trama, declaró haber recibido una llamada para alertarle de una operación para desmantelar la red de extorsión. Fernando Grande Marlaska abrió una pieza separada para investigarlo pero el asunto está ahora paralizado.
El diario alude al asunto al final de la información, al recordar que la operación, hincado el 20 de junio de 2006, "estalló durante el fracasado proceso de paz". Afirma que la investigación "sacó a la luz algunas de las subterráneas iniciativas del Gobierno en sus conversaciones con ETA", momento en el que alude a la llamada a Elosua avisándole de su inminente arresto si pasaba a Francia.
"Se investiga si ese extraño aviso se hizo desde el teléfono de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado", se limita a decir El País de una investigación que ni Garzón ni el Gobierno han querido impulsar.