LD (Pedro de Tena) Las empresas públicas andaluzas no implican en su estructura directiva las políticas de prevención. Las empresas públicas dependientes de la Junta de Andalucía asignan menos recursos que las empresas privadas a la prevención de accidentes. Las empresas públicas andaluzas son las más reacias a armonizar los objetivos productivos con las exigencias de la prevención de riesgos. Y la mayoría de ellas no cuentan con normas ni procedimientos escritos que establezcan pautas y comportamientos de trabajo seguros. En las empresas públicas ni tan siquiera tienen elaborados planes preventivos y mucho menos cumplidos cuando de manera excepcional cuentan con ellos.
Las conclusiones generales de este estudio son las siguientes:
1. Las grandes empresas cuentan en general con políticas preventivas establecidas sobre el papel y con una organización preventiva y de recursos situados en la propia empresa. Ahora bien, esta política es más formal que real, ya que además de no haber sido elaborada contando con la participación de los trabajadores, solo en menos de la mitad de las que cuentan con ella, ha sido difundida en el conjunto de la empresa y entre todos los trabajadores, pero son muy pocas las que supervisan y evalúan su cumplimiento.
Se delega en los técnicos y la implicación de los empresarios y de la estructura de mandos es muy insuficiente. Las empresas públicas presentan resultados mucho peores que las privadas en este apartado, fundamentalmente por la escasa o nula implicación de su estructura directiva en la prevención.
2. Los recursos económicos que se destinan a la prevención en general en la mayoría de las empresas sólo alcanzan para financiar las actividades a que obliga la Ley (evaluación, vigilancia de la salud, etc). No se invierte lo suficiente en la mejora de las condiciones de trabajo y en la eliminación de los riesgos Las empresas públicas en general asignan menos recursos que las privadas.
3. A pesar de contar con compromisos preventivos sobre el papel, en la práctica no se establecen criterios y pautas para hacer real la conciliación de los objetivos productivos con los preventivos, primándose en exclusiva los primeros. Las empresas públicas tienen aún peor actitud que las privadas, ya que prácticamente son testimoniales aquellas que realmente hacen algo para armonizar ambos objetivos. El reconocimiento individual y colectivo hacia los comportamientos e implicación en la prevención es muy minoritario y cuando existe es meramente verbal. No se promueve de manera activa.
4. La concepción dominante en materia de salud laboral está sesgada casi en exclusiva hacia la seguridad, no contemplándose de manera adecuada el resto de riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Ello hace que las medidas preventivas consistan básicamente en proveer de equipos de protección individual a los trabajadores y no en priorizar la eliminación en origen tal y como establece la normativa.
5. Los mandos intermedios, que son la espina dorsal de las empresas y los que realmente coordinan y dirigen la producción, no asumen responsabilidades preventivas y no las integran de manera natural y habitual en las funciones que desarrollan. Tampoco se implican en promover -y vigilar- el cumplimiento de las normas o procedimientos seguros de trabajo.
6. La participación de los trabajadores y de los delegados de prevención tiene mayoritariamente un carácter formal. Los Comités de Seguridad y Salud existen y funcionan de manera regular, pero la opinión de los delegados de prevención solo es tenida en cuenta en pocas ocasiones. La actitud de la empresa no es la de promover y reconocer de manera activa su participación e implicación en la toma de decisiones. Normalmente son consultados e informados a posteriori, cuando las actividades preventivas ya han sido decididas o llevadas
a cabo.
7. Los mecanismos de información y comunicación esenciales y básicos para poder ejecutar cualquier política preventiva -y primer escalón en la participación- en las empresas son muy insuficientes. Mayoritariamente funcionan solamente de manera vertical -desde la dirección hacia los trabajadores- para informar o comunicar decisiones ya tomadas unilateralmente o impartir órdenes e instrucciones. Pocas empresas cuentan con sistemas establecidos para promover y recabar la información de los trabajadores La mayor parte de las empresas públicas no cuentan con normas ni procedimientos escritos que establezcan pautas y comportamientos de trabajo seguros.
8. Las evaluaciones de riesgos se hacen en casi todas las empresas, pero tienen baja calidad, contemplan casi en su generalidad los riesgos de seguridad, obviando los ergonómicos y psicosociales y además no han sido realizadas, en general, contando con la opinión y participación de los trabajadores en su metodología y desarrollo.
9. El resto de actividades preventivas que se llevan a cabo también adolecen de baja calidad. La formación es insuficiente y generalista. La vigilancia de la salud no contempla el conjunto de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y sus resultados no son utilizados para mejorar la acción preventiva. Los planes preventivos suelen existir, pero mayoritariamente no se ejecutan ni se establecen responsables y plazos para ser llevados a cabo.
En las empresas públicas ni tan siquiera los tienen elaborados y mucho menos cumplidos cuando de manera excepcional cuentan con ellos. Son minorías las empresas que evalúan y revisan de manera sistemática la gestión preventiva que llevan a cabo y los resultados que obtienen.
10. La coordinación de la actividades preventivas de la empresa principal con las subsidiarias es pobre y más realizada sobre el papel que en la práctica. No se evalúan los riesgos comunes, no existen buenos mecanismos de información entre empresas concurrentes y hacia los trabajadores. La actividad de los delegados de prevención es aún bastante testimonial.
Pocos de ellos llevan a cabo una actividad coordinada con los de las empresas subsidiarias (cuando los hay) y menos aún se dirigen y se relacionan directamente con los trabajadores de las subcontratas para tratar de representarlos y tutelar la protección de su salud y seguridad por ser estos más vulnerables a la presión de las empresas, trabajar en general en peores condiciones y no contar con representantes -delegados de prevención- propios.
El estudio elaborado en febrero estudió a 67 grandes empresas andaluzas (46 privadas y 21 públicas) para conocer el arraigo real de la prevención entre ellas. En la elaboración participaron 550 delegados de prevención y de personal. Casi la mitad de las empresas tenían más de 500 trabajadores. Según este trabajo, un tercio de las empresas no incluye requisitos en materia de prevención en su política de contratas. Otro tercio se conforma con poner por escrito los requisitos en materia de prevención que deben cumplir las subcontratadas.
Desde 2002, los accidentes laborales han crecido sin interrupción en Andalucía. El año pasado perdieron la vida en el tajo 143 personas y otras 2.115 sufrieron secuelas notables. La construcción es el sector con peores registros.