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Los feudos socialistas son las regiones más vulnerables a la crisis inmobiliaria

 La profunda crisis que vive el sector de la vivienda en España desde mediados del pasado año afectará con mayor intensidad a las regiones gobernadas por el PSOE. En concreto, los tradicionales feudos socialistas, tales como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, son los que presentan un mayor peso de la construcción en su Producto Interior Bruto (PIB) regional. De este modo, la caída del ladrillo lastrará con especial fuerza los cimientos de sus respectivas economías.

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 La profunda crisis que vive el sector de la vivienda en España desde mediados del pasado año afectará con mayor intensidad a las regiones gobernadas por el PSOE. En concreto, los tradicionales feudos socialistas, tales como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, son los que presentan un mayor peso de la construcción en su Producto Interior Bruto (PIB) regional. De este modo, la caída del ladrillo lastrará con especial fuerza los cimientos de sus respectivas economías.
LD (M. Llamas)  Hasta hace escasos meses, el Gobierno insistía en tildar de “aterrizaje suave” lo que hoy a todas luces se ha convertido en una profunda crisis inmobiliaria, tal y como refleja la oleada de quiebras que se vienen sucediendo entre las compañías del sector. A finales de 2007, la situación del mercado residencial nada tenía que ver con el registrado un año antes. Así, los inmuebles en construcción experimentaban ya entonces una caída próxima al 50 por ciento con respecto a 2006.
 
El colapso se hace aún más perceptible en las proyecciones de construcción para el presente ejercicio. Los análisis más optimistas prevén el inicio de 300.000 viviendas nuevas en 2008 frente a las cerca de 900.000 de 2006. Es decir, un derrumbe próximo al 70 por ciento en apenas un año. Así, el principal motor del crecimiento español a lo largo de la última década muestra evidentes síntomas de derrumbe.
 
Sin embargo, los efectos directos de la crisis inmobiliaria serán más o menos graves en función de cada comunidad autónoma. En este sentido, los históricos feudos socialistas son las regiones más vulnerables a la caída del ladrillo. Según un reciente informe de la patronal del sector Seopan, Extremadura presenta el mayor peso de la construcción respecto a su PIB regional. En concreto, el valor añadido bruto (VAB) del ladrillo se eleva en dicha región hasta el 14,9 por ciento de su actividad productiva.
 
A continuación, se sitúa Andalucía, con un 13,2 por ciento de su economía hundida en la actividad inmobiliaria. Mientras, la construcción representa en Castilla-La Mancha el 13,1 por ciento de su PIB regional, seguida de Asturias (12,8 por ciento).
 
Por el contrario, las economías autonómicas menos dependientes de la construcción son, por este orden, País Vasco (9,2 por ciento), Cataluña (9,4) y Madrid (9,8), según el citado documento. Seguida de Islas Baleares (10,1), Navarra (10,4) y La Rioja (10,6 por ciento). Todas ellas por debajo de la media nacional, cuyo VAB en construcción alcanza el 11 por ciento del PIB nacional.
 

 
De este modo, las regiones menos ricas son, precisamente, las más expuestas a la crisis inmobiliaria.
 

 

 
Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2006, el informe de la patronal también indica que Murcia y Canarias son la regiones con un mayor peso de la construcción en su respectivo empleo autonómico. En ambos casos, el ladrillo ocupa al 14,9 por ciento de su empleo total.
 

 
Las comunidades autónomas que tienen un mayor peso de la construcción en su respectivo PIB regional si sitúan , igualmente, por encima de la media nacional (12,3 por ciento).
 
Así, la actividad inmobiliaria absorbía en 2006 el 14,4 por ciento del mercado laboral extremeño. En Castilla-La Mancha, dicha tasa ascendía al 13,7 por ciento del empleo regional, mientras que en Asturias representaba el 12, 4 por ciento.
 
Los mercados laborales menos dependientes del ladrillo correspondían entonces al País Vasco (9,2 por ciento), Madrid (10,5), Aragón (10,5) y Cataluña (10,6 por ciento).

      

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