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LOS OBJETORES CONSTARÁN COMO SUSPENSOS

Valencia no admitirá la objeción de conciencia a EpC

La Generalidad valenciana prepara una organización sui generis de Educación para la Ciudadanía. Los colegios no reconocerán la objeción de conciencia, ofrecerán a los chicos la opción de realizar tres trabajos tutelados por un profesor en vez de seguir el programa completo de la asignatura, e impartirán EpC íntegramente en inglés. La Orden, en fase de borrador, conlleva una duplicidad de profesores y, por tanto, de gasto público en la nueva asignatura. Las objetores serán tratados como quiere el Ministerio, con un suspenso.

La Generalidad valenciana prepara una organización sui generis de Educación para la Ciudadanía. Los colegios no reconocerán la objeción de conciencia, ofrecerán a los chicos la opción de realizar tres trabajos tutelados por un profesor en vez de seguir el programa completo de la asignatura, e impartirán EpC íntegramente en inglés. La Orden, en fase de borrador, conlleva una duplicidad de profesores y, por tanto, de gasto público en la nueva asignatura. Las objetores serán tratados como quiere el Ministerio, con un suspenso.
LD (V. Gago)  El incipiente movimiento de objeción a EpC en Valencia ha recibido con asombro y disgusto los planes de la Generalidad. El Consell tira por la calle de en medio, con una organización escolar de la asignatura que inventa una EpC bis, la imparte en inglés y no admite la objeción de conciencia.
 
La Orden de la Consejería de Educación está en fase de borrador. Una vez aprobada, se aplicará en los "centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana" –nada dice de los centros privados no concertados– a partir del próximo curso 2008-2009. En Valencia, el itinerario académico de implantación de EpC comenzará en 2º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).
 
Las familias valencianas de colegios públicos y concertados tendrán dos opciones para superar la asignatura de adoctrinamiento obligatoria. La primera consistirá en cursar el programa completo de la asignatura; la segunda, en realizar un trabajo cada tres meses, es decir, tres trabajos a lo largo del curso, sobre contenidos concretos "pertenecientes a los Bloques de contenido" de la asignatura, ya definidos por el Ministerio y la Generalidad en decretos anteriores.
 
Las dos opciones implicarán asistencia a clase, presencia y tutela de un profesor de la asignatura y evaluación de los conocimientos del colegial sobre Educación para la Ciudadanía. En la opción B o EpC Bis, los padres podrán elegir el tema de los trabajos, que serán evaluados por profesores de la asignatura.
 
La otra gran novedad de la organización escolar de EpC en Valencia es que la asignatura, tanto en la opción ortodoxa como en su variante local, se impartirá íntegramente en inglés. Las clases y los trabajos se desarrollarán en este idioma. El borrador de Orden prevé que "en la opción B, además del profesor o profesora" de la asignatura, "se asignará un profesor o profesora perteneciente al departamento de inglés".
 
Además, se encomendará a los centros una coordinación específica del departamento de EpC con el de inglés.
 
La Generalidad se encargará de formar a los profesores de la nueva asignatura.
 
La Objeción de Conciencia no se reconocerá en la Comunidad valenciana. De hecho, la asignatura constará como "no cursada", es decir, no superada o suspensa, en las calificaciones finales de los objetores.
 
La asociación Valencia Educa en Libertad y el Foro Católico de la Familia de Segorbe-Castellón han manifestado su disconformidad con estos planes.
 
"Para los objetores, es inaceptable una versión B de la misma materia, que por otra parte creemos de muy dudosa legalidad. Únicamente, contemplaríamos como admisible una alternativa si esta se ofertara exclusivamente a los objetores (sólo así tendría sentido), siempre que respete las convicciones de los padres y no implique ninguna clase de discriminación", señalan en un comunicado difundido este martes.
 
En Madrid, La Rioja y Murcia, sus respectivos Gobiernos regionales han anunciado que aplicarán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en realidad, son dos sentencias en el mismo sentido– que reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía y garantiza que los alumnos estarán exentos de ser evaluados.

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