L D (Agencias) En un auto hecho público este martes después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le ordenara la reapertura de la investigación, Grande-Marlaska acuerda retomar el procedimiento abreviado contra los tres oficiales médicos que realizaron la identificación de los cadáveres al estimar que su actuación puede ser constitutiva de "un delito de falsificación de documento público y/o oficial".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que advierte que contra su resolución no cabe ningún tipo de recurso, explica que los hechos investigados en esta causa también podrían ser constitutivos "alternativamente" de "un delito de imprudencia grave".
El auto de la Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ordenó al magistrado la reapertura de la investigación por un delito de falsedad documental respecto al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Sin embargo, excluye de este procedimiento al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos, y que fue imputado por los familiares de las víctimas.
En la vista de apelación, que se celebró el pasado 15 de abril, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicitó la reapertura de la causa, archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007, al entender que los mandos militares incurrieron en "dolo falsario" porque realizaron las identificaciones de forma "arbitraria" y a sabiendas de que eran "incorrectas".
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.