L D (Europa Press) La denuncia, que también va dirigida contra "el máximo responsable de la fragata Méndez Núñez", "el responsable del avión P-3 Orión" y los agentes del CNI que intervinieron en la operación de rescate, imputa a todos ellos los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y dejación de funciones.
Según el texto de la denuncia, el Gobierno "participó, medió, intermedió y facilitó e impuso el pago del rescate" de 1,2 millones de dólares (unos 766.000 euros) a los piratas somalíes, que secuestraron el pesquero entre el 20 y el 26 de abril. Con esta actuación, según el sindicato, el Ejecutivo ha generado "alarma social" y ha cedido al "chantaje" de unos secuestradores.
"No se trata de criminalizar una actuación política ni de poner en entredicho la seguridad de los secuestrados o rehenes, se trata de defender el Estado de Derecho y la legalidad vigente", argumenta Manos Limpias. "Si se persigue la extorsión de la banda terrorista, si se persigue a los secuestradores en general, no se comprende por qué en este caso se ha actuado vulnerando la ley", añade.
El pasado 28 de abril el juez de la Audiencia Nacional abrió diligencias previas para investigar un posible delito de piratería. Sin embargo, el sindicato considera que, al tratarse de delitos diferentes, la denuncia ha de ser instruida por los Juzgados de Instrucción de Madrid o la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la condición de aforada de la vicepresidenta del Gobierno.