L D (Europa Press) En su intervención en la vista que se celebra en los Juzgados de Toledo, Garrido alegó que el derecho a la imagen de su patrocinada "es tan constitucional como las medidas cautelares" que Ortiz y Martín-Llop solicitan, ya que "no son personajes públicos ni por cargo, ni por profesión ni por haber hecho ostentación pública ni por parentesco" y para acompañar esta reflexión citó el caso de los hermanos de los presidentes del Gobierno, a quienes "nadie conoce".
Justificó así la apariencia de buen derecho que debe cumplirse para establecer las medidas cautelares, y aseveró que si los medios quieren tomar imágenes de sus defendidos lo podrían hacer en actos protocolarios u oficiales.
En este punto, criticó la "irrelevancia" de algunas de informaciones publicadas respecto a Telma Ortiz, en las que salió su imagen acompañándola de titulares como "Telma en moto por Madrid", "Telma sabe cuidarse para mantener una piel sin brillos" o "Telma se coloca las gafas de sol".
"No se puede consentir ni esto ni que el postparto –de Telma Ortiz– lo tenga que vivir a escondidas, en un infierno como el que están viviendo para no ser fotografiados", señaló el letrado, quien, en defensa del requisito de 'peligro por mora procesal' para las meidas cautelares, aludió a las "conductas perturbadoras" que han tenido que padecer sus patrocinados "permanentemente" desde hace cuatro meses, ya estén en Toledo, Asturias o Madrid.
Cazadores de imágenes
En este contexto, resaltó que el precio que se paga por las imágenes "es tan desorbitado" que incluso los "cazadores de imágenes" han "llegado a las manos" por conseguir "una imagen tan ridícula como una merienda familiar en Villaseca (Toledo)". Finalmente, y respecto al requisito de prestación de caución, relacionado con la adopción de medidas cautelares, no lo vio justificado porque con ellas "no se causa perjuicio a terceros".
"Que se deje en paz a mi demandante. Ellos no quieren ser noticia, ni son personajes públicos, no quieren entrar en la rueda del negocio de las revistas del corazón, ni ser fotografiados. Ellos no quieren que se vendan sus imágenes, que se publiquen sus imágenes sin su consentimiento. Es su derecho y su libertad", concluyó el letrado, quien citó varias sentencias del Tribunal Constitucional para apoyar sus tesis.
Más de 50 medios de comunicación, demandados
Un total de 25 letrados, en representación de más de 50 medios, iniciaron sus alegatos durante toda la jornada matinal, que comenzó pasadas las 11.00 horas, con la presencia tanto de Enrique Martín-Llop, como de Telma Ortiz, quien no prestó declaración, tras admitir los abogados la petición realizada por su letrado para que pudiese abandonar la vista hasta las 17.00 horas, según estableció la jueza, María Lourdes Pérez Padilla.
Previamente, la mayoría de las representaciones legales de los medios tomaron la palabra para recordar que muchos de los demandados son meras marcas y "nombres comerciales" o secciones concretas de una determinada revista o periódico y pertenecen a una editora, por lo que no tienen entidad jurídica propia ni son sujetos con la capacidad necesaria para ser demandados ni demandantes, al no tener capacidad procesal.
La cita judicial ha generado gran expectación, sobre todo entre la denominada prensa del corazón, lo que ha motivado que una treintena medios locales, regionales y nacionales, y entre 60 y 70 personas se hayan acreditado para seguir la vista, que se celebra en la denominada "Sala de Matrimonios" de los Juzgados de Toledo, y que se prevé que dure todo el día.
Implica una "censura previa"
Los 25 abogados de 57 medios informativos demandados han pedido a la jueza que rechace las medidas cautelares solicitadas -para que no publiquen nada sobre su vida privada- por no ajustarse a derecho y por discriminatorias e inconstitucionales. Uno a uno, los abogados de los medios demandados rechazaron la petición de Ortiz y Martín-Llop por considerar que no cumple con ninguno de los tres preceptos legales necesarios para imponer las medidas cautelares: buen derecho, mora procesal y caución.
El argumento más esgrimido por los letrados fue que la petición de las medidas en defensa de la protección del honor, la intimidad y la propia imagen son "a futuro" e implican una "censura previa" que va en contra de la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución.
Marta Torres, abogada que representa a La Sexta Televisión, dijo a Efe que todos sus colegas habían acordado no interrogar a Telma Ortiz para no hacerle pasar "un mal rato". Los abogados de los medios rechazaron la petición con una cascada de argumentos que pusieron en tela de juicio, incluso, el fondo y la forma de la demanda, ya que se ha presentado contra cabeceras de medios sin personalidad jurídica, contra medios que ya no existen o que han publicado las mismas informaciones que otros no demandados.
De forma coordinada, todos reclamaron el rechazo de la demanda por "discriminatoria y de mala fe", por ir contra medios muy selectivos o meter a otros en la demanda, en una suerte, a su juicio, de "totum revolutum" que los más afectados rechazaron de plano.
"Acreditada notoriedad pública" y goce de privilegios
Los abogados expusieron la "acreditada notoriedad pública" de los demandantes por ser, ella, hermana y, él, cuñado de los futuros Reyes de España, y que por tanto no son ciudadanos comunes y están expuestos en cambio al interés general y gozan de determinados privilegios.
La abogada de La Sexta Televisión llegó a señalar al respecto que la pareja hizo uso de sus influencias para inscribir a su hija en el registro civil de Madrid, en plena huelga judicial, y que hoy entró al juzgado por la puerta trasera, cuando los letrados lo hicieron por la principal y pasaron por el arco de seguridad.
Otro de los abogados expuso la "notoriedad pública" de artistas como Ana Belén o Miguel Ríos, que han disfrutado del respeto a su intimidad sin recurrir a medidas cautelares. Los abogados han repetido casi al unísono que la presencia de Ortiz y Martín-Llop en los medios de comunicación es una "situación consentida" por la pareja desde el 2003 y no hay urgencia ahora para reclamar medidas cautelares sobre el "supuesto de que su futura imagen va a ser vulnerada". Eso, dijeron, constituye un "veto sine die" para ejecutar el derecho a la información consagrado constitucionalmente.
