LD (Pedro de Tena) Tampoco parece posible una permuta de su vivienda por otra con más facilidades para su vida. Arresto domiciliario llama él mismo a su situación. Desde el pasado 13 de Mayo ha decidido ponerse en huelga de hambre. Su mayor problema está en bajar a la calle porque necesita de tres personas que le bajen por las escaleras. Pero sus dificultades van más allá. Ha de entrar de espaldas en su habitación puesto que la silla no entra de otra forma. Por si fuera poco, no puede entrar en el cuarto de baño puesto que no cabe la silla, por lo que se ve obligado a realizar sus necesidades en el dormitorio. Aunque Joaquín dice que lo peor es el aislamiento y la sensación de abandono.
Joaquín ha enviado correos electrónicos a todos los cargos y autoridades que conoce para contar su situación en intentar poner solución a su problema. En muchas ocasiones no ha obtenido respuesta, pero cuando la ha obtenido ha sido negativa. El Ayuntamiento de Huelva le ha contestado diciéndole que esta no es su competencia. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía considera que es imposible la instalación del ascensor para acceder libremente a la segunda planta. Y tanto Ayuntamiento como Junta han rechazado la propuesta de nuestro paisano y vecino de la permuta de la vivienda por otra que sea adecuada a sus necesidades. Resumiendo y tal y como el propio Joaquín dice: “se tiran la pelota unos a otros y nadie asume sus competencias“.
Para sobrepasar todos los límites, ha sido acusado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía en Huelva, de haber rechazado tres permutas. Ante tamaña deformación de los hechos, Joaquín Mora escribió lo siguiente:
"1º - En Enero de 2005, y en la Avda. de Guatemala , me fue adjudicado un piso de planta baja accesible, de forma verbal, por parte de un funcionario de la Delegación de Obras Públicas y Transporte, que sí acepté en su momento, pero que me fue posteriormente arrebatado y ninguneada mi necesidad, en el momento en que mi familia y yo nos encontrábamos ya en situación de mudanza, cuando se personaron en nuestro domicilio D. José María Marques y un abogado para notificarme que la decisión de entrega de la vivienda la había tomado un funcionario que estaba sustituyendo al titular por vacaciones y que no tenía potestad para adjudicarme tal permuta. Provocando en el seno familiar una gran decepción y angustia por lo injusto de aquella actuación.
2º - Poco tiempo después de la abortada permuta, por parte de la Delegación de Obras Públicas y Transporte, se me ofertó sin aportación documental, nuevamente alguna, otra vivienda en la Avda. Cristobal Colón. Un segundo piso que resultó ser un apartamento de entre 30 y 40 metros, con un solo dormitorio, por lo que de aceptar, me veía obligado a desalojar a nuestro hijo del núcleo familiar por falta de espacio vital para él. Cuando pregunté que hacía con nuestro hijo menor, entonces de 16 años, porque en esa vivienda era imposible su presencia, me respondieron los funcionarios de turno que se emancipara.
3º - El pasado día 25 de abril, el mismo día en que me entero posteriormente de que se está ensombreciendo mi imagen, ante un nuevo intento de desbloquear esta situación, que vengo atravesando y desde hace siete años denunciando, se personó en mi domicilio el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, de Huelva, D. Gabriel Cruz Santana, quien me ofertó permuta en la provincia, lo que me originaría nuevamente un grave quebranto familiar y personal, especialmente en el transporte, debido a mis continuadas revisiones médicas. Se me ofertó como posibilidad la remodelación de los interiores del piso, cuando el problema principal que tengo es el de la imposibilidad de la puesta de ascensor por lo que mi situación de cautiverio no alcanzaría solución alguna.
Puesto que parecen estar conformes con efectuar un gasto a todas luces innecesario, con fecha de ayer, que adjunto, remití un escrito al antes citado Delegado de Obras Públicas y Transporte, en el que le solicito cooperación en el alquiler de una vivienda accesible por la diferencia entre su coste y lo que yo por el piso vengo pagando, hasta que dispongan de vivienda para llevar a cabo dicha permuta, sin con ello tener que perder los derechos que ya tengo adquiridos, cuya respuesta está por llegar, al tiempo en que el mismo día de ayer se personaron en mi domicilio Doña Encarnación García, aparejadora y D. Juan Gómez de los Servicios Técnicos, para hacer un peritaje en el interior de la vivienda.
4º - No obstante, entiendo por el daño moral que se me está provocando, que la Junta de Andalucía está dejando de manifiesto con sus actuaciones, la falta de voluntad tanto administrativa como política, no solo porque no me oferta las soluciones viables y legítimas a que viene obligada al construir edificaciones fuera de la ley de accesibilidad, sino porque además, está intentando confundir a la opinión pública que me apoya, a las entidades de apoyo que han luchado y están luchando por ver solución al caso, como son el CERMI y el Foro de Vida Independiente, a los medios de comunicación, que tanto se han molestado en esclarecer mi caso, también a instituciones tan insignes como la del Defensor del Pueblo Andaluz, quien por lo visto en el escrito que acabo de recibir y basándose en unos argumentos acusatorios por parte de la Junta de Andalucía, no demostrados fehacientemente, me ha remitido en el día de hoy el siguiente documento que adjunto, en el que me emplaza por motivos de haber rechazado tales permutas a comprar nueva vivienda cuando proceda en tiempo y forma. Acusaciones éstas, que siendo una verdad a medias, resulta ser una burda mentira manipuladora. La primera permuta que me ofrecieron, sí la acepté al resultar una oferta digna y acorde con mis necesidades, pero simplemente nos la arrebataron cuando ya gozábamos ilusionadamente con el fin de un cautiverio al que nos abocó la propia Junta de Andalucía.
Así pues ante tales acusaciones de las que soy victima y no culpable debido a la negligencia administrativa que vengo soportando, emplazo públicamente a la Junta de Andalucía a que demuestre fehacientemente la veracidad de las mismas de las que ni siquiera existe constancia escrita, que en su día registraron".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha informado a Joaquín Mora, que, según sus datos, la Delegación de Obras Públicas de la Junta en Huelva, "en la medida de sus posibilidades, se ha tomado el adecuado interés en resolver la demanda de Mora relativa a la permuta de su vivienda actual por otra más adecuada a sus circunstancias, cuyas propuestas han sido rechazadas". Además, el Defensor informa al demandante sobre las ayudas que concede la Junta para compras de viviendas, de forma que detalla que el IV Plan Andaluz de Vivienda "contempla una actuación consistente en una subvención a fondo perdido de 7.500 euros, con independencia de otras ayudas que puedan concederse, a quienes, siendo adjudicatarios de una vivienda de promoción pública en alquiler, adquieran otra vivienda en régimen de propiedad". Finalmente, también informa del Programa de Adaptación Funcional del hogar, así como de la posibilidad de que el bloque de viviendas en el que habita "pueda acogerse a las ayudas vigentes para la instalación de ascensores o de cualquiera otra medida que facilite la accesibilidad al mismo, de lo que pueden asesorarle en la Delegación de Obras Públicas".
No es la primera vez que las administraciones andaluzas manifiestan una aguda indiferencia ante problemas gravísimos de los ciudadanos. Siendo alcaldesa de Tomares(Sevilla) la socialista Antonia Hierro ocurrió un caso similar que sólo fue arreglado cuando ganó las elecciones el Partido Popular que resolvió en diez días el caso del tetrapléjico Miguel Ahumada al que, posteriormente se le asignó una Vivienda de Protección Oficial adecuada a sus circunstancias. También podemos recordar el caso de Antonio Pérez Vázquez, con 8 hijos, al que una presunta estafa arrebató el piso de VPO en el que vivía con su familia en Alcalá de Guadaira sin recibir ayuda de ninguna Institución.