L D (Agencias) En rueda de prensa, recordó que Ibarretxe, como lehendakari que es, "es el máximo representantes del Estado" en su Comunidad, por lo que subrayó que, le corresponde a él "en primer lugar cumplir las leyes y no situarse al margen de las mismas". "Si fuera aprobado este texto sería impugnado por Zapatero, que es a quien le corresponde la competencia, ante el Tribunal Constitucional, para su suspensión inmediata", apostilló la ministra.
Asimismo, explicó que el Gobierno sólo presentaría este recurso a partir de la aprobación del texto en el Parlamento vasco, al tiempo que reconoció que el Ejecutivo "hubiera deseado que no se llegara a este punto". Recordó también que Zapatero e Ibarretxe han mantenido nueve reuniones y que en todas ellas Zapatero le dijo lo mismo que el Gobierno defiende hoy "y no sirvió de mucho para que la iniciativa de Ibarretxe no siguiera adelante".
"Los ciudadanos vascos quieren entendimiento, convivir en paz y libertad, y respeto a todas las sensibilidades que han hecho de esa zona una de las más prósperas de la UE. No es el tiempo de desafíos entre Administraciones. Los vascos quieren diálogo y entendimiento, seguridad y confianza, y exigen que sus gobiernos resuelvan sus problemas y no que generen enfrentamientos estériles que cuestionan la legalidad vigente y que no llevan a ninguna parte", planteó.
Salgado recalcó que el diálogo "al que tanto se refiere el lehendakari" tiene que tener como marco la Constitución y las leyes, y debe ser "respaldado por el acuerdo de una amplia mayoría de los representantes legítimos del pueblo vasco". Agregó que en un Estado de Derecho los responsables políticos deben ser los primeros en dar ejemplo al sometimiento al principio de legalidad.
El gobierno actuará "con firmeza"
Por eso, aseguró que los ciudadanos "pueden estar seguros" de que el Gobierno va a actuar con "firmeza exigiendo" el cumplimiento de la ley. "En caso de que este proyecto fuera aprobado como ley por el Parlamento vasco, incumpliendo lo dispuesto en la Constitución, en el Estatuto de Guernica y en el conjunto del ordenamiento jurídico, no tengan ninguna duda de que el Gobierno va a impugnar esa ley ante el TC con la consiguiente suspensión de su vigencia y de acuerdo al artículo 161.2 de la Constitución", destacó.
A este respecto, añadió que si finalmente el Parlamento vasco aprueba esta propuesta la fórmula de respuesta empleada por el Gobierno sería un recurso de inconstitucionalidad y, "por tanto, la suspensión automática de esta norma". Aclaró que esto tendría lugar siempre "a partir de la aprobación del texto por el Parlamento, si es que se produce". Según recalcó, Zapatero ha manifestado en diversas ocasiones a Ibarretxe que toda iniciativa política tiene que ir dirigida a "unir y no dividir" a los ciudadanos, y que "trabajar en la consecución del mayor consenso político es hoy, si cabe, más esencial que nunca ante actos terroristas que pretenden alterar la vida del conjunto de los ciudadanos".
Además, recordó a Ibarretxe que como presidente de la comunidad vasca y "tal y como establece el artículo 152.1 de la Constitución, además de ostentar la suprema representación de esta Comunidad, ejerce la representación ordinaria del Estado en la misma y tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes".
Acerca de la segunda cuestión planteada en la consulta del lehendakari, que pregunta si se está de acuerdo en que los partidos vascos sin exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010, la ministra afirmó que "no tiene sentido".
"La manifestación de las fuerzas políticas respecto del terrorismo de ETA se ha puesto muy claramente de manifiesto en la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados hace escasamente dos semanas con motivo de un atentado de ETA. El Gobierno entiende que es ahí donde se manifiesta la voluntad de todas las fuerzas políticas de terminar con el terrorismo criminal de ETA. Esta consulta no tiene sentido en sí misma y no tiene sentido que en este momento sea esa la pregunta y ese el enunciado", remachó.
La Abogacía del Estado se prepara
La Abogacía del Estado estudia el Proyecto de ley de convocatoria y regulación de una consulta popular dado a conocer este miércoles parcialmente por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con el objeto de preparar una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional si este texto llega a ser aprobado por el Parlamento Vasco, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.
Las mismas fuentes señalaron que el Gobierno dispone de tres meses de plazo desde que se apruebe la Ley para interponer su recurso de inconstitucionalidad, si bien no agotará este plazo y presentará su impugnación en cuanto la tenga preparada.
Los planes del Gobierno respecto de la propuesta de Ibarretxe fueron adelantados hoy por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien manifestó la "total oposición" del Ejecutivo a "proyectos unilaterales, que no aumentan el necesario consenso, dividen a la sociedad vasca, y están fuera de la Constitución".