L D (Agencias) "Nosotros somos juristas, magistrados, adeptos de Santo Tomás, no creemos más que en lo que vemos y, en el estado actual, no tenemos elementos que nos permitan corroborar en nuestro dossier las informaciones dadas por las autoridades españolas", señala el magistrado.
En este sentido, asegura que "no hay en el enjuciamiento francés elementos" que permitan decir que 'Thierry' era el número uno de la organización en el momento de su detención en Burdeos junto a otros tres presuntos etarras, Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberría.
A todos ellos se les imputan los delitos de asociación de malhechores para preparar actos terroristas, extorsión en banda organizada, robo a mano armada, posesión de documentación y placas de matrículas falsas, tenencia ilícita de armas, municiones y sustancias para la fabricación de artefactos explosivos.
"Tenemos una serie de elementos interesantes que muestran que (Thierry) tenía sin duda cierto papel, pero sobre si era el número uno, dos, tres o cuatro, no tenemos la prueba", continuó Marin, quien garantizó que la Fiscalía está muy "atenta" a lo que dicen las autoridades españolas sobre la ubicación jerárquica de 'Thierry' en la estructura de ETA pero que ello no forma parte del procesamiento francés.
Extorsión de ETA
En cuanto a la relación de los arrestados con el aparato de extorsión de ETA, Marin señaló, en primer lugar, que el cargo de extorsión figura en la instrucción y, en segundo lugar, que se han hallado "ciertos elementos, sobre todo cartas" en el piso de Burdeos que demuestran una supuesta participación en la extorsión de fondos de la banda terrorista.
El magistrado indicó también que es muy difícil saber "quién hacía qué y, sobre todo, a quién pertenece tal y cual documento". De manera que, en este momento, las acusaciones son globales y luego será el juez de instrucción quien deberá, gracias a sus investigaciones, intentar atribuir un rol particular a cada uno en la organización.
Por otra parte, también es difícil determinar cuánto tiempo llevaban viviendo en el pequeño apartamento en el que fueron detenidos si bien Marin indicó que el contrato de alquiler tenía cerca de un año. El fiscal apuntó igualmente la posibilidad de que sus inquilinos no fueran siempre los mismos y que pudieran cambiar. "Podían haber sido estos o podían haber sido otros. De momento no lo sabemos pero el apartamento en cuestión estaba destinado en todo caso a miembros de ETA desde hacía un año", dijo.
La Euro-orden es prematura
El fiscal jefe de la Fiscalía de París puso de relieve, por otra parte, la "enorme" cantidad de material incautado en el apartamento de Burdeos, sobre todo la contenida en los ordenadores y en soporte informático, cuya explotación está actualmente en marcha. En este contexto, y tras señalar que ha recibido una carta del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza solicitando una comisión rogatoria para que la Guardia Civil pueda participar en la explotación de esos documentos, Marin dio por hecho que los jueces de instrucción, entre ellos la juez Laucence Le Vert, experta en sumarios de ETA, harán lo posible para que las autoridades españolas puedan beneficiarse de los elementos extraídos de esta explotación.
En su carta, Javier Zaragoza solicita la entrega de al menos tres de los cuatro detenidos pero la Fiscalía de París considera por ahora prematura la petición, porque la instrucción acaba de comenzar en Francia. No obstante, asegura que dada la "larga práctica de cooperación judicial con España" se verá en su momento cuál es la jurisdicción más adecuada y el modo más útil de cooperar.