L D (Agencias) El escrito de acusación, que Burgos entregó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, solicita cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
Al general Navarro también le solicita una multa de 100 euros al día durante 20 meses (60.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
De igual forma, el fiscal solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea. El pago sería asumido en forma de responsabilidad civil subsidiaria por parte de Estado en caso de que los militares no pudieran afrontarlas.
De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
Relación de falsedades
En su escrito, el teniente fiscal detalla la relación de 30 militares a los que se le asignó una identidad arbitraria que posteriormente, según los análisis de ADN, se demostró que se encontraba equivocada. En este sentido, solicita que se incorporen al juicio como prueba pericial los informes que a este respecto elaboró el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
Burgos reitera de este modo los argumentos que defendió en la vista de apelación que se celebró el pasado 15 de abril, en la que solicitó la reapertura de la causa, que había sido archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007.
El escrito de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, que aún no ha sido remitido al juzgado, estará dirigido contra los tres mandos militares por "un delito de falsedad documental con imprudencia grave y dolo eventual", según explicó a Europa Press el abogado de este colectivo, Leopoldo Gay.